Los productores arroceros rechazaron la decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de autorizar la importación del grano procedente de Ecuador, la postura del gremio se dio a conocer al término de la sesión del Consejo Nacional del Arroz, a través de un comunicado de prensa.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), así como el representante de Dignidad Arrocera, Roberto Botero, los núcleos de cultivadores de Casanare, Meta y Norte de Santander, representados por Henry Sanabria, Fernando Murillo y Guillermo Infante; respectivamente, rechazaron la decisión, quienes consideran que “se tomó a espaldas de los agricultores nacionales”. Para el gremio, esta determinación es contraria a lo acordado previamente entre la industria y Mincomercio, según lo indicado por José Manuel Suso, presidente de la Junta Directiva de Induarroz.
Los productores, en su conjunto, llamaron la atención ante el perjuicio que ello causa a una actividad agrícola como la arrocera, de la que viven directa e indirectamente más de 500.000 familias. Para los arroceros, esta postura “da al traste con los esfuerzos” del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, quien ha venido trabajando conjuntamente con el sector productor para superar la grave crisis ocasionada por los bajos precios pagados por la industria el año anterior.
“Es incomprensible que se autoricen importaciones, cuando el país registra unos altísimos inventarios producto de una cosecha excedentaria, que se obtuvo al responder positivamente a una invitación del gobierno para sembrar más, a fin de sustituir unas importaciones, que ahora se piensan incrementar por decisión administrativa”, ha sostenido en varias ocasiones el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano.
Los productores asistentes al Consejo Nacional del Arroz, agrega el comunicado, cuestionaron la actitud "equivocada" de Mincomercio de autorizar importaciones antes que acudir a las herramientas que dispone el mismo acuerdo para salvaguardar la producción nacional, en cumplimiento de lo que ordena la Constitución Política en sus artículos 64 y 65, ratificado por la Corte Constitucional en sentencia C-400 de 1998, según la cual, “son inaplicables en nuestro país todas aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desconozcan preceptos Constitucionales.
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