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Se podrían listar algunos de los diferentes estudios que se han venido desarrollando para la Colombia rural en los últimos años en busca de mejorar sus condiciones. En 2011, el Pnud, con el Informe Nacional de Desarrollo Humano, demostró que tres cuartas partes de los municipios son predominante rurales, en los cuales vive más del 25% de la población, lo cual no corresponde a la aparente urbanización del país.

Igualmente, en 2014, Fedesarrollo presentó su informe “Desarrollo de la Agricultura Colombiana”, en el cual se destacaron los retos que enfrenta la agricultura y en general, el sector rural colombiano como el crecimiento de la producción.

Para 2015, la Ocde, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entregó los resultados de la evaluación y recomendaciones de política agrícola para Colombia, en el marco de la posible adhesión de Colombia a la Convención de la Ocde. Los resultados destacan que el “sector agrícola ha padecido las consecuencias de la adopción de unas políticas deficientes y afronta importantes desafíos estructurales” (Ocde, 2015), lo cual, ciertamente, no es algo nuevo.

A lo anterior se suma el resultado del tercer Censo Nacional Agropecuario, del cual no hay mucho que decir, pues resultaría redundante seguir hablando del desastre de la asistencia técnica, la concentración de la tierra y del uso del suelo. Por supuesto, el Censo se configura como un insumo fundamental para el diseño de política pública. También, los resultados de la reciente Misión Rural resaltan la imperiosa necesidad de pensar y repensar en la inclusión social de la población rural; la inclusión productiva de la agricultura familiar; la competitividad agropecuaria, la sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural; el ordenamiento y desarrollo territorial; el ajuste institucional para el desarrollo rural y agropecuario; y por último, el costo que implicaría, para el país, emprender acciones en los aspectos mencionados.

Lo descrito permite aproximarse a las características de nuestra ruralidad y sector agropecuario, el cual aún está lejos de recuperar la senda de desarrollo que alcanzó en décadas pasadas, cuando en 1990, por ejemplo, antes de la apertura, su contribución al PIB superaba el 16%; sin que se haya modificado la oferta agroexportadora. 

En este momento el país, a partir de lo anterior, y del Acuerdo de Desarrollo Agrario Integral (Reforma Rural Integral) logrado en La Habana, cuenta con una oportunidad e información suficiente para el diseño y rediseño de políticas públicas que permitan entre otras cosas, la asignación de bienes públicos que apoyen el desarrollo competitivo sostenible de la agricultura, para lo cual la innovación, en una perspectiva amplia, es fundamental. Es decir, se requiere que el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, en cabeza de Corpoica y otros actores, comprenda e interprete las dinámicas y fuerzas del mercado agroalimentario/agroindustrial local, regional y global, para así dotar a las diferentes cadenas agroalimentarias de capacidades, en un entorno institucional adecuado.

Por último, es importante recordar, teniendo en cuenta la naturaleza tropical del país, que Colombia aún compite a partir del uso de sus recursos naturales, pues pareciera que nos persigue la sombra de las ventajas comparativas, que quizá son uno de los factores que no permiten la sofisticación de lo que se produce.

Oscar Eduardo Garavito
Director Maestría de Agronegocios Universidad de la Salle

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