El agro se marchita entre normas y gobiernos

En el agro está el futuro, esto es cierto, o al menos muchos lo pensamos, pero lo que no es cierto es que Colombia sea el país del agro. No, Colombia es el país del papel.

Colombia es el país de los grandes textos normativos, de estatutos, códigos, leyes y decretos, de las prominentes reformas construidas desde los escritorios del centro del país -con las mejores intenciones, posiblemente que nos muestran una serie de garantías, derechos, beneficios que parecen construidos en países como Dinamarca, Suecia o Francia. Si algo no funciona bien o hay alguna dificultad, una ley o un decreto lo resuelve automáticamente. El país del papel.

Es cierto que para que un Estado funcione y para que las garantías sean efectivas, se necesitan esas leyes y decretos, pero no es menos cierto que sin la ejecución y materialización son letra muerta.

El trabajo en el sector rural y en el agro es el perfecto ejemplo de esta situación. Allí hay una gran parte de personas bajo modelos de auto empleo, jornaleros, coteros, campesinos con minifundios, así como también hay grandes terratenientes y empleadores

Es un mundo diverso, donde se genera más de 6% del PIB nacional y en el que viven alrededor de 12,1 millones de personas, de las cuales 44,6% están por debajo de la línea de pobreza según los datos del Dane para 2021.

La informalidad laboral para 2022 llegó a 84% y existe una gran deficiencia de acceso a servicios básicos según datos del Banco Mundial.

La situación pareciera ser difícil y cualquiera diría que es por falta de normas que regulen las garantías del trabajo en el campo y de los derechos del sector rural, pero si uno entra a la página del Ministerio de Agricultura y busca la normatividad del sector, tan solo desde 1993 se han expedido 48 leyes que tienen que ver con el agro. Haría falta mirar todas las normas que se produjeron en épocas de las bananeras, de bonanza cafetera, de lo impulsos de la industrialización agraria que nunca llegó y la cantidad de decretos. Sin ir mas lejos, el 12 de enero de 2023 se publicó en el Decreto 28 de 2023 el texto del proyecto normativo para reconocer al campesinado como sujeto político de derechos.

Dicho de otra manera, el problema no es de normas o de falta de ellas. El problema es que se producen en masa, con garantías construidas en el papel desde el Congreso o desde la Presidencia o incluso desde las altas Cortes y se les dificulta viajar hasta el sector rural para poner en práctica las garantías y derechos que se quieren promover. Las normas muchas veces se producen con el ímpetu regulatorio del ruido político, sin entender los contextos reales, sin materializar las garantías que se buscan.

Desde 1951, hemos desprovisto al campo de protección laboral, mediante la construcción de un régimen laboral que se enfoca en la relación patrono-empleado y a partir de allí se desarrollan las garantías de protección del ingreso, de la salud, de la vejez y de los riesgos laborales. Todas las protecciones basadas en un financiador “el empleador” que en muchos escenarios del agro no existe o si existe, no tiene las capacidades económicas para financiar las garantías y las cargas de impuestos que le impone el Estado.

En el sector rural 94,3% de las personas están afiliadas al sistema de salud pero 83,4% pertenece al régimen subsidiado, es decir, al régimen de personas que no tienen un salario mínimo para pagar el modelo contributivo. Además, 71% de personas en edad de pensión no tiene acceso a una pensión y 24% de beneficiarios de los Beps (una garantía de protección a la vejez alternativa e inferior a la pensión) son trabajadores y trabajadoras rurales. Esto quiere decir que, aunque nos queremos clasificar como un país del agro y aunque el papel nos muestre las garantías laborales para los trabajadores del agro, la realidad deja al campesinado en el disfrute de prestaciones subsidiarias y de mecanismos de protección débiles e incluso, inexistentes en el caso de la protección de la vejez.

Colombia necesita entender que más allá de proponer soluciones del deber ser en el país del papel, debemos construir soluciones reales, dentro de contextos reales, con instrumentos reales y materializando las garantías que esperamos, aún cuando el proceso se haga de manera progresiva.

El trabajo decente no es el que depende de un empleador o de un patrono. El trabajo decente es el que le permite a la persona desarrollarse en su proyecto de vida, contar con elementos estatales para tener protección social para proteger su salud, para garantizarle un ingreso en caso de accidente, enfermedad o ausencias por cargas de atención a la primera infancia (maternidad o paternidad), es aquel que le permite a la persona acceder a un modelo de protección a la vejez para no estar en la pobreza cuando la fuerza de trabajo se fatigue por causa de la edad.

Y ese trabajo decente, esa protección social, es necesario en el agro colombiano, es necesario para los trabajadores y trabajadoras del campo. El trabajo decente en el campo, pasa por entender las realidades, por visualizar las formas de fortalecer a la mujer campesina que es una minoría en el sector, por fortalecer las micro empresas, las empresas familiares y los modelos de autoempleo. En las empresas familiares o en esos minifundios de familias campesinas, en las micro empresas agrarias, en las cooperativas agrícolas, las cargas del empleador no existen, porque no hay un patrono, todos trabajan en consenso y de manera conjunta.

Son realidades que no se resuelven con una reforma laboral que pretenda entender al campesino como un trabajador subordinado por naturaleza, porque no en todos los casos es así. Por el contrario, el campo y las relaciones de trabajo en el campo son diversas y todas merecen protección social y garantías de trabajo decente, con independencia de si está ese empleador o no.

Por ahora, se avecina lo que parece ser un gran cambio en materia de tierras para el sector rural y ojalá junto con esas tierras, también llevemos a la materialidad la protección social y el trabajo decente que el campo colombiano necesita. Ojalá, pasemos de ser el país del papel a ser el país del agro.