Así avanzan las discusiones del Gobierno y arroceros por incentivo al almacenamiento

A principios de marzo de este año comenzó una novela que involucra al Gobierno y a los arroceros. Todo comenzó cuando el gremio advirtió sobre una posible sobreoferta del grano que podría desestabilizar el precio que se le paga al productor. Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, dijo que debían planear el número de hectáreas a sembrar y que no superara los registros del año pasado.

Desde entonces muchos anuncios se hicieron, sobre todo cuando el Gobierno mostró su intención de eliminar el incentivo al almacenamiento, una herramienta que nació a mediados de 1990 cuando fue desmontado el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema) y que reemplazó las funciones de dicha entidad.

Tras el Consejo Nacional del Arroz, que se llevó a cabo el pasado 21 de junio de 2023, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cabeza de Jhenifer Mojica, dijo que era necesario avanzar en la implementación del plan de ordenamiento productivo para hacer el desmonte definitivo del incentivo al almacenamiento del arroz, un anuncio que no le gustó al gremio.

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La discusión empezó porque el MinAgricultura planteaba que dicho mecanismo no sirvió como instrumento para planificar las siembras, mientras que los industriales y productores dijeron que era la única herramienta para tener un precio justo en el corto y mediano plazo.

El MinAgricultura, entonces, dispuso de cerca de $20.000 millones para poder ayudar a apalancar la cosecha y el excedente que se advierte, especialmente, en la región de los Llanos Orientales.

“El MinAgricultura tiene que dar solución al tema del arroz, es un producto básico de nuestra canasta alimentaria. Nos preocupan los agricultores, pero también los consumidores. Lo que pasa es que cada uno de ellos quiere ganar, entonces los agricultores quieren más utilidad con unos precios. Los industriales del arroz también quieren ganar, y nosotros necesitamos que el arroz no suba porque encarece la canasta básica. Nos toca hacer un equilibrio económico”, dijo la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Aunque ambas partes mostraron su disposición para dialogar y llegar a un acuerdo, en la última semana los arroceros impusieron bloqueos en la vía del sector Aguazul, en Casanare.

Sin embargo, el domingo en la noche el Gobierno anunció que, en un trabajo mancomunado junto al Ministerio del Interior, lograron acuerdos con productores arroceros del Casanare para levantar los bloqueos. Según informaron las autoridades, en la vía ya se permite el libre tránsito de vehículos en ambos sentidos.

Entre los acuerdos pactados estaba que el MinAgricultura expediría ayer la resolución que fija el programa de apoyo para el manejo de excedentes de cosecha de arroz del segundo semestre del año. Pero en horas de la tarde Fedearroz manifestó que el Gobierno estaba incumpliendo con lo pactado.

Alberto Mejía Fortich, presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, y los Comités de arroceros en Ibagué, Venadillo, El Espinal y Saldaña, expresaron preocupación por la crisis que atraviesa el sector, “agravada por la falta de cumplimiento a los compromisos asumidos”.

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“A pesar de lo delicada de la situación y de diversas acciones llevadas a cabo tanto en Bogotá como en las regiones, no se concreta en resultados las manifestaciones hechas por la señora ministra Jhenifer Mojica, de quien se espera la resolución que establezca los precios para la compra de la cosecha cuya recolección ya se inició”, dice el comunicado.

El gremio dijo que, con esta falta de resultados, el MinAgricultura está dejando que la industria siga comprando a precios bajos, que no cubren los costos de producción en que han incurrido los agricultores en todo el ciclo del cultivo, lo cual está generando enormes pérdidas.

“De igual manera, nos unimos al clamor y al movimiento que productores del Casanare y Meta están llevando a cabo, pues refleja la grave situación que está afectando a todos los productores del país”, concluyó.