Abecé de Jurisdicción Agraria, que hoy realizará penúltimo debate en Cámara de Representantes

En Colombia se está discutiendo la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, el sistema judicial especializado que busca resolver de manera más rápida y justa los conflictos relacionados con la tierra, el uso del suelo y los derechos de los campesinos. Este proyecto de ley, que desarrolla un compromiso del Acuerdo de Paz de 2016, pretende acercar la justicia a las zonas rurales, donde históricamente los procesos judiciales han sido lentos o inaccesibles.

Hoy se debatirá en la plenaria de la Cámara de Representantes este proyecto en penúltimo debate. Uno de los puntos clave del debate actual está en el artículo 9 del proyecto de ley. Diversos sectores del agro y de la justicia advierten que eliminar la fase judicial de los procesos agrarios, es decir, la intervención directa de jueces especializados, representaría un grave retroceso. Esta fase garantiza que las decisiones sobre tierras, propiedad o tenencia tengan un respaldo jurídico sólido y transparente, evitando arbitrariedades y protegiendo los derechos de las comunidades rurales.

A propósito, acá las preguntas más relevantes sobre el tema.

¿Por qué se habla tanto de la Jurisdicción Agraria y Rural?

Este proyecto de ley busca cumplir un compromiso del Acuerdo de Paz de 2016, que prometió acercar la justicia al campo y ofrecer soluciones efectivas a los conflictos sobre la tierra. Colombia tiene una larga historia de disputas agrarias: campesinos sin títulos, superposición de predios, conflictos entre comunidades, empresas y proyectos productivos. Muchos de estos casos se quedan sin resolver porque la justicia ordinaria no tiene la capacidad ni la especialización para atenderlos con rapidez. La Jurisdicción Agraria nace, precisamente, para cambiar esa realidad.

¿Qué es la Jurisdicción Agraria?

Se trata de un nuevo sistema judicial especializado en los asuntos del campo, donde jueces agrarios, con formación en temas rurales, derechos campesinos y gestión de tierras, tendrían la tarea de resolver los conflictos relacionados con: la propiedad y uso de la tierra; los contratos agrarios (como arrendamientos, aparcerías o usufructos); las servidumbres, límites y tenencia de predios rurales; las controversias entre campesinos, comunidades étnicas, empresas y el Estado.

En pocas palabras, sería una justicia pensada por y para el campo, con procedimientos más ágiles y adaptados a la realidad rural.

¿Por qué es tan importante mantener la fase judicial en los procesos agrarios?

El punto más polémico del debate actual está en el artículo 9 del proyecto de ley. Algunos proponen eliminar la fase judicial, lo que en la práctica significaría quitarle a los jueces la intervención directa en muchos procesos agrarios, tema que ha generado muchas críticas de los diferentes sectores.

Expertos y organizaciones rurales advierten que esto sería un enorme retroceso, pues sin jueces especializados no hay garantías de justicia. La fase judicial permite que las decisiones sobre la tierra se tomen con respaldo legal, transparencia y posibilidad de apelación. Además, protege los derechos de campesinos y comunidades que históricamente han sido los más vulnerables en los conflictos agrarios.

"Con el artículo 9 de este proyecto de ley, el Gobierno insiste en eliminar las garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos. Esto significa, si el Congreso así lo aprueba, que un funcionario del Gobierno será quien decida sobre los procesos agrarios y no los jueces de la República, como hoy lo establece la Ley. Es importante recordar que el Gobierno ya había intentado quitarle esta función a los jueces a través del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que la Corte Constitucional declaró inexequible. Además, es clave que el Congreso y el país tengan en cuenta que la Agencia Nacional de Tierras, en julio de este año, demandó ante la Corte Constitucional todos los artículos del Decreto Ley 902 de 2017 que tienen relación con las garantías judiciales de los procesos agrarios", explica, en un comunicado, la Sociedad de Agricultores de Colombia.

"Con esta demanda, el Gobierno pretende nuevamente que la Agencia Nacional de Tierras no solo investigue, sino que también decida sobre los procesos agrarios, hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Agraria y Rural. Es decir, sigue insistiendo en que no sean los jueces de la República quienes decidan sobre los procesos agrarios. Eliminar la fase judicial de los procesos agrarios sería un enorme retroceso para la justicia en el campo colombiano", agrega.

¿Qué relación tiene esto con el Acuerdo de Paz y el Decreto Ley 902 de 2017?

El Decreto 902 de 2017 fue una herramienta clave del Acuerdo de Paz para formalizar la propiedad rural y ordenar el acceso a la tierra. Ese decreto estableció que los procesos de adjudicación, clarificación o formalización debían contar con garantías judiciales, es decir, con la intervención de jueces para asegurar la legalidad y la protección de los derechos de las partes.

¿Cómo beneficiaría al campo esta nueva jurisdicción?

La creación de la Jurisdicción Agraria traería varios beneficios concretos:

• Acceso real a la justicia: campesinos y comunidades podrían resolver sus conflictos sin tener que desplazarse largas distancias a las cabeceras municipales.
• Jueces especializados: con conocimientos en temas rurales, medioambientales y sociales, capaces de entender la complejidad del campo.
• Procesos más rápidos y eficaces: diseñados para responder a la realidad del sector agropecuario.
• Mayor seguridad jurídica: lo que incentivaría la inversión en el campo y la formalización de la propiedad rural.