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En el marco de la primera sesión del año de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, anunció que ya se encuentran identificados y clasificados 243 predios para su proceso de avalúo, adquisición, formalización y adjudicación.

“Se ha hecho un balance de los diferentes compromisos que se traen de actas anteriores, y por supuesto se ha diseñado la hoja de ruta que será la agenda de trabajo del año 2017”, indicó el viceministro Díaz Granados. Para este primer encuentro de trabajo, el Ministerio de Agricultura estableció la suscripción de un primer convenio por orden de $400 millones que garantizarán la sostenibilidad de la mesa de trabajo y su operatividad durante el 2017.

Este convenio incluye la contratación de un equipo propuesto por las comunidades para que se encuentre al frente de la operatividad de la Comisión en mención.

“Así también, hemos acordado las diferentes fechas de las sesiones que se van a realizar durante el presente año, la segunda de éstas, se adelantará el cinco de mayo como se acordó en pleno. De esta manera ha quedado establecida la agenda para estudiar con las distintas organizaciones indígenas presentes, los renglones relacionados con el campo colombiano”, precisó el funcionario público.

En el desarrollo de la jornada de trabajo también se abordaron temas de adquisición de predios, reglamentación vía decreto de algunas modificaciones normativas, proyectos productivos, asistencia técnica y comercialización.

No hay que olvidar que el Gobierno y las comunidades indígenas acordaron la ruta de consulta previa para la implementación de los acuerdos de paz para poder llevar estos trámites ante el Congreso en el marco de la aprobación rápida de leyes para la paz.

Banagrario tendrá menos trámites

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, informó la reducción de trámites relacionados con financiamiento para el sector agropecuario, en donde uno de los principales propósitos es lograr la descentralización del crédito. De esta forma, se busca descentralizar y delegar estas decisiones a nivel regional, para que las personas puedan acceder más fácilmente a la financiación y pasar de 17 días a 13 días.

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