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Por medio de una carta destinada al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Unión Europea, 17 países, incluido Colombia, hicieron hincapié en su preocupación ante la expedición e implementación del reglamento sobre el comercio libre de deforestación.
El envío de esta misiva se da a causa de la latente inquietud de los países ante la ignorancia, por parte de la legislación, de la lucha que adelantan en contra de la desforestación, las normativas de cada país, las circunstancias y capacidades de producción locales, y sus compromisos multilaterales.
La carta fue firmada por 11 países de América Latina y el Caribe entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; tres asiáticos, Indonesia, Malasia y Tailandia; y tres africanos, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.
“Considerando que, a pesar de las múltiples manifestaciones de preocupación, particularmente de los países en desarrollo, la legislación entrará en vigor en menos de 18 meses y que la Unión Europea todavía está trabajando en el proceso de implementación, instamos a la Comisión y a otras instituciones del bloque a participar en un diálogo más significativo y abierto para, por lo menos, tratar de mitigar los impactos más dañinos a través de directrices de implementación que valoren las prácticas sostenibles”, precisa la carta.
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La misiva expone que los pequeños agricultores son quienes se verían más perjudicados ante el reglamento, no porque efectúen esas prácticas, sino por su incapacidad de demostrar que cumplen con los estrictos requisitos impuestos, además de que estas normas solo generarían altos costes para los países tanto exportadores como importadores, y estos costos los tendría que asumir el productor.
“Consideramos que la legislación, por sí sola, no tendrá ningún impacto positivo en las tasas de deforestación e incluso puede producir otros efectos adversos, como aumento de la pobreza, desvío de recursos y obstáculos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señalan.
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Por ello, instan a los altos mandos a participar en un diálogo abierto con los países productores, con el fin de solventar y prever la serie de impactos que podría tener esta medida para el comercio y producción mundial, teniendo en cuenta los desafíos que enfrentan para acceder a nuevas tecnologías, capacitaciones y financiamiento.
“Esto privaría injustamente a los pequeños agricultores de una importante fuente de ingresos y medios de vida, e incluso afectaría su capacidad para adoptar prácticas sostenibles”, expone la carta.
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