Catastro multipropósito y el aumento de la criminalidad, entre los retos del agro

En el marco del Acto Público de la LIII Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados de Procaña tuvo lugar el panel 'Seguridad jurídica: Garantías para el productor agrícola', se reunieron voces del sector como Lorena Garnica, abogada experta en derecho de tierras; Andrés Felipe Guerra, senador de la República; Marco Antonio Carabalí, cultivador del norte del Cauca y Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

En el encuentro se habló sobre la debilidad de la seguridad física en departamentos clave para el cultivo de la caña, como en el Cauca, pero también sobre el catastro multipropósito y cómo está afectando al campesino colombiano desde la una debilidad de la seguridad jurídica.

En primer lugar se planteó sobre la mesa uno de los flagelos más latentes en el campo colombiano, el avance de las estructuras criminales que afectan la productividad rural. Marco Antonio Carabalí, cultivador del norte del Cauca, aseguró que la situación es tan crítica que hay horas en las que no puede acceder a sus cultivos, o que se ha aumentado el abandono de fincas en el territorio.

"Hoy hay muchas fincas en el norte del Cauca que están abandonadas, primero por la seguridad de la vida de cada uno; segundo, porque hay otros actores que llegan y se apoderan de las fincas diciendo que ellos son dueños de la tierra", explicó el productor.

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En cuanto a seguridad jurídica, los panelistas coincidieron que son necesarias las reglas claras para que haya una correcta e imparcial implementación del marco jurídico, en casos como el del catastro multipropósito, la cual es una política pública que se generó con varios objetivos, como la actualización de los datos estadísticos, pero también el componente económico.

Sobre este último, Lorena Garnica, aseguró que "mucho se dijo en el desarrollo de esta política pública, que el componente económico no podía ser el principal en un país con el estado de desarrollo como Colombia. En un país con el desarrollo que tenemos el principal elemento es la identificación física y jurídica de los predios, con miras a hacer regularización masiva de la propiedad".

Andrés Felipe Guerra, senador, también se refirió al tema, asegurando que la falta de actualización del impuesto predial se había dado históricamente debido a que muchos alcaldes no la ejecutaban debido a la baja popularidad que esta medida generaba, lo que ocasionó años de retraso.

"Un alcalde que se elegía en el Valle del Cauca le generaba un problema el aumento del impuesto predial, 40 años después, la herramienta del catastro multipropósito es necesaria, pero pierde todo el sentido cuando se acabó con la gradualidad", enfatizó Guerra.

Guerra aseguró que se necesita un acuerdo para volver a la gradualidad, y que la herramienta tenga como objetivos llegar a las 114 millones de hectáreas, la descentralización y la gradualidad.

En otro momento se habló sobre el papel de las instituciones que regulan el campo colombiano, específicamente de la Agencia Nacional de Tierras, ANT. Para Marco Antonio Carabalí, productor cañero, los últimos decretos de la Agencia muy pocas ocasiones han favorecido a los agricultores.

Carabalí se refirió al tema de las áreas de protección agrícolas y como limitan la productividad, pero también al intervencionismo que ejerce el Gobierno a través de la ANT en una transacción comercial de un predio rural, cuando se exige que la Agencia sea el primer oferente.

"El Gobierno se está volviendo un interventor en la propiedad privada, y el Gobierno tiene que ser un facilitador de los sistemas de producción", puntualizó Carabalí.

Propuestas para el campo

En un último momento los panelistas se centraron en enunciar soluciones para garantizar la seguridad física y jurídica del campo. Jorge Bedoya, presidente de la SAC, aseguró que es necesario que el Gobierno garantice el debido proceso y respete las garantías judiciales, enfatizando en que no hay "nada más importante que la seguridad física y jurídica para que haya seguridad alimentaria".

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Bedoya también se refirió a que los bloqueos en las vías tengan un tratamiento jurídico distinto, teniendo en cuenta que afectan la seguridad alimentaria del país. Además, enfatizó en la importancia de más vías terciarias. Por último aseguró que "hay que acabar la farsa de la paz total, la seguridad en el territorio es fundamental".

Guerra, por su parte, dijo que el próximo senado tendrá que asumir el reto de la problemática actual con el catastro multipropósito, evaluando cuál es la capacidad del Igac para resolver la realidad de 114 millones de hectáreas, revisando "si el papel de los 45 gestores si está bien cumplido y se puede resolver". Por último enfatizó en que el próximo gobierno debe derrocar las resoluciones 1912 de 2024 y la 2057 del 30 de diciembre de 2026.