
Colombia, un país históricamente agrícola y reconocido mundialmente por varios de sus productos del campo, enfrenta hoy un desafío creciente y preocupante: la expansión acelerada del cultivo ilícito de coca en el territorio nacional. La determinación anunciada la noche del lunes por la Secretaría de Estado dejó claro que el país quedaba descertificado.
La descertificación fue un golpe sobre la mesa dirigido al presidente, Gustavo Petro, en una abierta acción política, que se explica en los planes de la geopolítica de la Casa Blanca, que busca tener aliados en la región, justo en el inicio de las campañas para Congreso y presidenciales internas. El argumento de Estados Unidos para descertificar al país estuvo centrado en las hectáreas de cultivos ilícitos, de manera que las cifras de decomisos, extradiciones y destrucción de laboratorios de procesamiento presentadas por Colombia no pesaron lo suficiente.
Un indicador que obviamente preocupa, y mucho, es que las hectáreas de coca superan la de muchos productos agrícolas. Según datos recientes del Informe Mundial sobre Drogas 2025, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el área sembrada con coca en Colombia alcanzó 253.000 hectáreas en 2023, un aumento significativo respecto a 230.000 hectáreas que se registraron en 2022.
Este incremento no solo representa una amenaza directa al orden público y la seguridad nacional, sino que también evidencia un desplazamiento preocupante de cultivos agrícolas legales, algunos de los cuales son fundamentales para la seguridad alimentaria y el sustento económico de miles de familias campesinas. El tamaño del área sembrada con coca supera a cultivos tradicionales como la yuca (242.991 ha) y la papa (196.756 ha), alimentos básicos en la dieta colombiana y pilares de la economía rural en muchas regiones. La coca sembrada también es más que la superficie destinada a cultivos de cítricos (124.155 ha), banano (109.465 ha), mango (41.411 ha) y piña (26.949 ha).
Cuando se amplía la comparación con los cultivos de mayor área sembrada, la coca se ubica aún como un reto importante, aunque por debajo de cultivos como el café (838.838 ha), el arroz (711.030 ha), la palma de aceite (689.915 ha) y el maíz (518.551 ha).
No obstante, el simple hecho de que la coca esté tan cerca en extensión a cultivos esenciales para la alimentación y economía campesina es una señal clara de desequilibrios estructurales y en problema de marca mayor como lo es el narcotráfico.
“Francamente cuando uno mira los números, lo que se da cuenta es que la estrategia en general, pues no ha dado resultado. Un número creciente de hectáreas de hoja de coca es claramente una muestra del fortalecimiento de los grupos armados a la margen de la ley, de la falta de alternativas en materia de seguridad para quienes están en las zonas donde se cultiva la hoja de coca y, adicionalmente, la ausencia de la infraestructura. Además, de la dotación de bienes públicos, que de alguna u otra manera de la mano de la seguridad y la lucha contra los grupos terroristas y las organizaciones criminales, pues diera la posibilidad de que evidentemente se produjera una reducción en los cultivos de uso ilícito”, explica Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, SAC.

Frente a la pregunta sobre qué se debe hacer para frenar el crecimiento de hectáreas de coca, comenta que: “son muchas de las cosas que se han tratado a través de los años. Indiscutiblemente, de por medio hay un tema de la Corte Constitucional, que es el tema de la aspersión como se realizaba hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, que se llegó a tener una cifra, la más baja en la historia del año 2013, si no me falla la memoria, de 46.000 y 48.000 hectáreas de hoja de coca".
"Eso iba a la mano de la lucha en materia de interdicción y obviamente la necesidad que llegue la dotación de bienes públicos. Las carreteras y la seguridad, que obviamente que es tal vez la más importante, y todo lo que contribuye al desarrollo y que force a los grupos armados al margen de la ley de abandonar esas zonas donde se terminan victimizando a la población civil, instrumentalizándola, no solamente desde el punto de vista de las manifestaciones, sino también cercenando la posibilidad de tener actividades económicas lícitas”.
La principal razón...
El aumento en las hectáreas de coca no es un fenómeno aislado ni accidental. Responde a múltiples factores complejos y arraigados. Uno de ellos, obviamente, es la demanda internacional persistente, la cocaína sigue siendo una droga con alta demanda global, especialmente en Estados Unidos y Europa. Esta demanda sostiene la economía ilegal que incentiva a agricultores y grupos ilegales a mantener y expandir cultivos ilícitos.
El aumento de las hectáreas sembradas con coca no solo afecta la agricultura legal, sino que tiene consecuencias sociales y ambientales profundas. La más evidente es la seguridad y violencia, el control territorial de los cultivos de coca está frecuentemente asociada con grupos armados ilegales y redes criminales, lo que incrementa la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad en las zonas afectadas. Todo esto sin olvidar el problema ambiental, los cultivos ilícitos suelen estar relacionados con la deforestación, uso de agroquímicos dañinos y prácticas agrícolas no sostenibles que deterioran los ecosistemas. También, al competir con la agricultura tradicional, el cultivo de coca reduce la oferta de alimentos básicos y limita el desarrollo económico local.
Bedoya agrega que “son muchas las tareas que tiene que hacer el Gobierno y ojalá en coordinación y en cooperación con gobiernos amigos con quienes siempre se ha tenido una misma visión de la necesidad de combatir el narcotráfico y dar alternativas a los colombianos que están en las zonas cocaleras. El tema clave y fundamental es la lucha contra las organizaciones criminales y contra sus finanzas, porque no hay que olvidar que tanto la coca como la minería criminal, la extracción ilícita de minerales o de yacimientos mineros, así como la extorsión, son algunas de las principales fuentes de financiamiento de ese tipo de organizaciones criminales”.
Que la coca ocupe más hectáreas que cultivos tradicionales como la yuca o la papa no es solo una estadística preocupante, es un llamado urgente a la acción. En un país con la vocación agrícola y el potencial de Colombia, la expansión del cultivo ilícito representa una amenaza para el desarrollo y seguridad de los colombianos.
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