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Dentro de los principales y más preocupantes problemas que ha dejado el conflicto armado está el despojo de tierras. Miles de campesinos han tenido que dejar sus fincas porque algún grupo ilegal los forzó a hacerlo, razón por la cual en 2011 se puso en marcha la Ley de Restitución de Tierras.

Ahora, nueve años después, la norma está bajo la operación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que tiene la tarea de reunir pruebas suficientes cuando llega un reclamante de terrenos, y luego sustentar ante un juez para que se apruebe la entrega de un título.

Hasta el momento, la URT ha entregado 381.880 hectáreas a quienes reclamaron tierra, y solo en lo corrido del Gobierno actual más de 50.000 hectáreas fueron gestionadas para que las personas emprendan por medio de una actividad del agro.

Andrés Castro, director de la URT, explicó que “de ese grupo de hectáreas, 65% está para los trabajos pecuarios, la ganadería como tal, y 35% para los agrícolas. Y son proyectos productivos porque cuando se entrega la tierra, hay una transformación de esas personas. Durante dos años los acompañamos para que sirva para emprender. Que entren en una cadena productiva, que tenga mercado, sostenible, ambientalmente amigable. De ahí ya existe una lista de personas que tienen sus propios cultivos para cafés especiales, pimienta de Putumayo, ají, miel, etc”.

Pero llegar hasta ese punto exige de una cadena de trabajos entre recopilar información, procesos judiciales y la implementación del proyecto productivo.
Desde que entró en vigencia la Ley, durante los nueve años que lleva, se han radicado 10.597 demandas, proceso en el que la URT trabaja luego de haber hecho actividades en campo como la recopilación de información, para que así los jueces determinen un fallo.

LOS CONTRASTES

  • Myriam Martínez CárdenasDirectora de la Agencia Nacional de Tierras

    “Hoy vemos que es el campo el que sigue trabajando y sigue demostrando que oportunidades sí hay. Es curioso ver cómo ese campo olvidado se ha convertido en una tabla de salvación”.

Precisamente, de esas demandas, se han dictado 5.828 sentencias que beneficiaron a más de 70.000 personas.

“Pero aún tenemos tarea por delante, porque es un trabajo fuerte, tan solo el que nos requiere la etapa judicial, pues en algunos casos hay que verificar qué pasó en ese terreno, o si hay alguien que estuvo ahí de buena fe”, agregó Castro.

El funcionario se refiere a que de las solicitudes que hay, si bien ya hay una respuesta en casi 400.000 hectáreas, se debe ser cuidadoso, pues hay un potencial de 3 millones de hectáreas.

Además, la entrega de un predio no solo se basa en garantizar que sí es para quien la merece, sino que requiere de una inversión, por eso, en nueve años, lo ya titulado ha necesitado de inyecciones por más de $122.000 millones.

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