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Si bien el plebiscito del pasado domingo fue una decisión ciudadana respecto a los acuerdos con las FARC, es el mundo rural, como ha sido ya costumbre en el país, el que tiene siempre que soportar la frustración de ver postergadas sus expectativas de inversión, crecimiento y desarrollo.

Los últimos cinco años han estado caracterizados por las investigaciones sobre las realidades de la Colombia Rural; los estudios han reconocido, entre otras cosas, que somos un país rural y no de urbes, como erróneamente se piensa al estar buena parte de la población concentrada en las grandes ciudades; así mismo se ha llegado a planteamientos sobre la no viabilidad de continuar con un modelo de desarrollo que ha dejado a los pequeños y medianos productores campesinos al margen del desarrollo humano y productivo. 

Se trata de un modelo que se ha basado en la gran propiedad y que ha marginalizado a los habitantes del campo, los ha postrado a la precariedad. Tampoco ha reconocido las vocaciones productivas en los territorios. En efecto, el olvido del campo, esa realidad humana y productiva que desde las políticas públicas se ha llamado el resto, ha conducido a indicadores lamentables: la concentración de la propiedad es de 0,86 (medida por el índice de Gini, siendo 1 la concentración absoluta); la incidencia de la pobreza en los centros poblados y rural disperso entre los años 2008 y 2015 fue en promedio del 47,17%, aunque se resalta que desde el año 2012 se ha venido reduciendo. Mientras que la pobreza extrema en los centros poblados y rural disperso ha sido en promedio 23,27%, cifras que prácticamente doblan las observadas en las grandes ciudades.

La tierra se convirtió en el botín de guerra (cuando no fueron las mujeres y la obligación a entrar a la lucha armada incluyendo hombres y niños). Paradójicamente en Colombia la tierra es un poder por sí misma, es decir grandes extensiones de tierra son sinónimo de poder, aunque no sean productivas, como si se tratara de relaciones feudales. Las guerras han arrasado en zonas donde se tienen proyectos mineros, de hidrocarburos, agroindustria o grandes obras de infraestructura, la tierra se apropia porque es fuente de otras riquezas. A todo esto se le sumaron los cultivos ilícitos y con ellos el acceso a grandes fortunas para el ejercicio del poder o para financiar la misma guerra. 

Los acuerdos se constituyeron entonces en una esperanza, sea del poder retornar o sea de estar en el campo como una opción clara de vida digna. Pero el NO tendrá implicaciones, y es de esperarse que su postergación ponga en riesgo programas que tienen que ver con temas de redistribución de las tierras, acceso a proyectos productivos y planes concretos de seguridad y soberanía alimentaria, apoyados por la cooperación internacional pero también por la inversión público-privada, la esperanza que, por ahora, se frustra de encontrar en el campo una Colombia diferente y posible. 

Incluso el programa de catastro multipropósito, tan necesario para el país, podría experimentar un traspié al retornar el conflicto. Los puntos que se negociaron frente al desarrollo rural territorial son muy sensibles dados los intereses y las tradiciones que existen sobre la tierra en Colombia.

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