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Reducir el déficit de vivienda en el campo el cual supera 80% a nivel nacional, es el principal objetivo con el que se creó la política de vivienda rural del Ministerio de Vivienda que empieza hoy su plan de activación para beneficiar a más de 36.799 hogares, entre 2020 y 2022, y que cuenta con una inversión de la cartera por $500.000 millones.

Según dio a conocer el Minvivienda, esta política no solo beneficiaría a las familias campesinas, sino que además generará más de 90.000 empleos de los cuales 30.000 son directos y 60.000 indirectos.

El plan se basa en cuatro pilares con los que se priorizará la ejecución en los campos. El primer paso será la creación del Índice de Focalización de Vivienda Rural (Ifvr) para segmentar los diferentes territorios; el segundo es el aumento de los subsidios de esos predios en el campo, los cuales estarán con topes de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) para cada una de las VIS que se hagan, y hasta 22 Smmlv en apoyos de mejoramiento habitacional.

Promover la operación de las obras por clusters regionales e incorporar el concepto de vivienda digna serán los últimos puntos del esquema a desarrollar por el Gobierno.

El programa ‘Vivienda Social para el Campo” también se anunció dentro de los lanzamientos del programa, con el que se espera lograr la construcción de 10.299 viviendas rurales nuevas entre 2021 y 2022.

Saira Samur, directora del programa afirmó que “hoy se abrió la primera convocatoria en el marco de la Política de vivienda rural, en la que invitamos a los alcaldes y gobernadores a que nos presentaran las propuestas de cofinanciación para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva rural”.

Esta convocatoria, según explicó Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, contará con recursos por $161.000 millones para apalancar la inversión de las regiones y se espera que los resultados de la convocatoria se den a conocer en diciembre de este año.

Los interesados se podrán inscribir hasta el 24 de noviembre por la página del Ministerio de Vivienda, y podrán unirse entre dos a cinco municipios para presentar propuestas de financiamiento, de apoyo económico y de coordinación entre los gobernadores de los departamentos. Precisamente el Gobierno inicia pero los municipios complementan la logística.

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