ANT comprometió $4,77 billones entre 2022 y 2026, según análisis del Observatorio Fiscal

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, registró 40.193 contratos por $4,77 billones entre 2022 y 2026, según un análisis del Sistema de Alertas Públicas Optimizadas (S.A.P.O.) del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. El estudio también revisó la evolución presupuestal de la entidad y encontró señales relacionadas con el ritmo de ejecución y la concentración de los recursos.

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Uno de los principales cambios se presentó en 2024, cuando el presupuesto de la ANT llegó a $4,1 billones, 2,3 veces el monto registrado en 2023. Sin embargo, en ese mismo año la ejecución presupuestal cayó de 82% a 20%, lo que marcó una diferencia entre el aumento de los recursos disponibles y el ritmo al que fueron ejecutados.

La situación también se reflejó en el proyecto de Reforma Agraria, que concentró 78% del presupuesto de la entidad en 2024. De acuerdo con el análisis, la ANT comprometió 99% de esos recursos, pero solo ejecutó 12%. Esto significa que una parte importante del dinero quedó comprometida en bienes y servicios que no fueron recibidos durante el mismo año.

En materia de contratación, el estudio encontró que solo 35 contratos, equivalentes a 0,1% del total analizado, concentraron 49,4% del valor contratado. Dentro de ese grupo se encuentran cuatro convenios para la adquisición de tierras con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, que en conjunto representan 39,8% del valor total analizado.

El Observatorio también llamó la atención sobre algunos de los contratos con mayores valores. Por fuera de los convenios relacionados con la compra de tierras, identificó $234.000 millones en eventos, logística y divulgación, una cifra que supera en más de ocho veces los $28.100 millones destinados a insumos técnicos como drones, sistemas GNSS, tecnología LiDAR y licencias.

Otro de los puntos analizados fue la duración de los contratos. El informe señala que 9,8% de los contratos fue prorrogado y que 465 contratos que inicialmente terminaban en diciembre de 2025 fueron extendidos por más de 100 días durante 2026. Además, 73% de los contratos firmados en 2024 todavía aparecía en ejecución al momento del análisis.

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El comportamiento contractual también mostró una concentración relevante en algunos casos. El análisis encontró personas naturales que aparecen hasta en nueve contratos durante el periodo revisado, una situación que el Observatorio relaciona con renovaciones recurrentes. A esto se suma que la mayoría de los contratos corresponde a servicios, mientras las compras de bienes, obras y consultorías tienen una participación mucho menor.

Para el Observatorio Fiscal, estos resultados plantean preguntas sobre la capacidad de la ANT para convertir el crecimiento de los recursos y de la contratación en ejecución efectiva y resultados de la Reforma Agraria. La entidad investigadora aclara que ninguno de los elementos identificados constituye por sí solo evidencia de una irregularidad, sino que son señales que permiten orientar una revisión más detallada del uso de los recursos públicos.