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En el proceso para la recuperación de los baldíos reservados de la nación del Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó la primera demanda que busca la anulación de 10 contratos de arrendamiento. La entidad pidió al Tribunal Administrativo de Bolívar que, como medida cautelar de urgencia, permita la recuperación material de los predios.

La agencia sustentó la demanda en los siguientes motivos. En primer lugar, la ANT aseguró que en los contratos se pactó un arriendo inferior a 1% del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo cual violaría el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje.

Así mismo, la agencia estableció que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un valor 77% inferior al que debió pactarse. Además, los contratos no habrían sido celebrados cumpliendo las solemnidades del artículo 5 del Acuerdo 041 de 2006.

Entre las razones que expusieron, la ANT también aseguró que los contratos de los baldíos fueron celebrados el último día de existencia del Incoder y contra expresa prohibición del artículo 3 del Decreto 2365 de 2015 , el cual solo permitía a dicha entidad celebrar los actos tendientes a su liquidación.

Además, los contratos habrían sido celebrados con abuso o desviación de poder, esto porque se concretaron a pesar de la existencia en ese momento de contratos anteriores que vencían en diciembre de 2016 y de que los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado al momento de su firma.

Gerardo Vega Medina, Director General de la ANT, explicó los motivos por los que decidieron seguir el camino de las vías jurídicas.

"Hemos realizado una reunión con representantes de algunos de los que ocupan estos predios para plantearle la necesidad del Estado colombiano de recuperarlos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, pero no logramos llegar a un acuerdo. Por eso iniciamos todo el proceso por las vías jurídicas y presentamos las primeras diez demandas de declaración de nulidad de contrato de arrendamiento y una medida cautelar de urgencia para la restitución inmediato de los mismos diez predios", dijo.

Desde la entidad también se hizo un llamado a la Rama Judicial para que evalúe este caso y se resguarde el interés general. También se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que avance de manera óptima en el trámite de la denuncia radicada en enero de 2016.

Estos fueron los contratos demandados

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