La Contraloría General de la República hizo un llamado a la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, y a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para que asignen recursos específicos destinados a implementar acciones con perspectiva de género en las zonas rurales del país.
La advertencia se produjo tras un estudio intersectorial realizado por las delegadas para el sector Agropecuario y Población Focalizada, en el que se analizó la evolución de los cuidados rurales desarrollados por mujeres entre 2016 y 2025.
El informe señala que las labores de cuidado en el campo, como la atención de adultos mayores, niños y niñas, el cuidado de animales y la producción de alimentos, recaen principalmente sobre las mujeres rurales, incluidas aquellas en condiciones de precariedad y racialización.
Aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportó recursos por $11.719 millones para ejecutar la Política Nacional de Cuidado contemplada en el Conpes 4143 de 2025, la Contraloría advirtió que no existe una desagregación clara que permita identificar cuánto de esos recursos está destinado específicamente al cuidado rural.
El órgano de control concluyó que las acciones incluidas en el CONPES avanzan en la dirección correcta, pero presentan un nivel de adecuación parcial frente a los problemas estructurales que enfrentan las mujeres cuidadoras del campo. Según el análisis, aún no se abordan de manera suficiente las causas profundas de la desigualdad ni las formas de cuidado colectivo y comunitario propias de los territorios rurales.
La entidad también evidenció que solo 50% de las instituciones del sector agropecuario y de inclusión social destina presupuestos específicos para operar los equipos encargados del Programa Nacional del Cuidado y la Política Nacional del Cuidado. La otra mitad no cuenta con recursos definidos para estas acciones, situación que podría afectar la sostenibilidad y eficacia de la política pública.
La Contraloría advirtió además que la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad, sumada al desfinanciamiento de organismos de cooperación internacional y a los ajustes presupuestales en el sector Agricultura, representa un riesgo para la continuidad de programas dirigidos a mujeres rurales, campesinas y pescadoras.
El órgano de control instó a la academia colombiana a diseñar programas curriculares sobre políticas públicas de cuidado con enfoque territorial y pidió fortalecer los equipos de género en las instituciones públicas mediante la incorporación de profesionales de distintas trayectorias.
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