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La Contraloría General de la República anunció que tras una actuación especial de fiscalización a los $1,04 billones del sistema general de participaciones destinados a los resguardos indígenas se encontró un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $16.776 millones.

Además, se determinaron 760 hallazgos administrativos, 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal. Además, otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de indagación preliminar, 7 a procesos administrativos sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones.

En los hallazgos se encontró, entonces que, solo 25,22% de las entidades territoriales manejaron adecuadamente los recursos destinados a los resguardos indígenas. Mientras que, el 61,95%, es decir, 145 entidades territoriales, presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades
indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas.

En general, la Contraloría destacó que con este revisión efectuada a los contratos de ejecución de
estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no tiene la metodología dispuesta y no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados, además que no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.

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