El camino del cannabis

Tradicionalmente, la producción de valor agregado ha sido una de las principales diferencias entre las naciones industrializadas y las que se dedican a extraer materias primas; es aquello que, de la mano de una adecuada administración y una estructura estatal robusta, marca la brecha entre potencias económicas y economías emergentes.

El caso del café colombiano, como probablemente más de uno lo esté pensando, es el ejemplo por excelencia del contraste que hay entre vender un bien primario (commodity) y comercializar un producto terminado con ese mismo insumo; el contraste entre exportar una libra de café a US$2,30 y comprar un latte en alguna cadena de cafeterías estadounidense a US$3,50.

Este concepto de valor añadido, que con frecuencia se asocia solo al petróleo, las flores, el banano y el café, tiene en el sector del cannabis medicinal la posibilidad de alcanzar el último eslabón de la cadena productiva para así devolverle a la economía nacional todas las ventajas de la industrialización.

Y, en efecto, se habla de posibilidad, porque para que el valor agregado sea una realidad en el país aún deben hacerse algunos ajustes normativos, que garanticen la competitividad de Colombia frente al resto de la región. Puntualmente, esto se refiere a los tiempos que se tienen para el otorgamiento de registros sanitarios de productos farmacéuticos con cannabis.

Si se tiene en cuenta que en Colombia este trámite puede llegar a tomar hasta 30 meses, y que existen países vecinos en los que se permiten dichos registros en menos de 3 meses -como en Brasil, que, al contemplar la revisión de dosieres entre 45 a 60 días, permite registros en un plazo máximo de un trimestre-, resulta entendible que más de una empresa esté evaluando la posibilidad de trasladar su producción a otras naciones de la región.

Para aterrizar este escenario a un ejemplo vigente, vale la pena mencionar el caso del Epidiolex, un fármaco a base de cannabinoides, de venta bajo receta médica, que se usa para tratar las convulsiones asociadas al complejo de esclerosis tuberosa, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut.

Este producto, que en el mercado tiene un valor unitario de casi US$70, requiere por cada referencia cerca de seis gramos de aislado de CBD -principio activo farmacéutico (API) proveniente del cannabis-, los cuales cuestan entre US$2 a US$4. Esto quiere decir que, si la fabricación y comercialización del producto terminado se realiza en Brasil, Colombia únicamente participaría en la venta del API, generando así ingresos de no más de US$4 por cada medicamento vendido.

Por eso, para que el país pueda tener acceso a la producción de valor agregado, desde la industria del cannabis proponemos que se incorpore un mecanismo tipo fast-track o de ventanilla única en el Invima que permita obtener los registros sanitarios en tiempos acordes al mercado -esto también implica fortalecer las comisiones revisoras de la entidad sanitaria con profesionales formados en medicamentos con cannabis-.

Así las cosas, y reconociendo los grandes aciertos que ha tenido el Gobierno Nacional en el último año: elegir a la industria como un Pine y firmar el Decreto 811 de 2021, entre otros, desde el sector queremos señalar la necesidad de fomentar el producto terminado. El camino del cannabis es el de generar empleo, aumentar la tributación y diversificar la matriz exportadora, y este se da a través del valor agregado. Aún estamos a tiempo de actualizar la regulación.