El presidente ejecutivo de Fedegan planteó algunos “claroscuros” en el Acuerdo 28

Con la firma del Acuerdo 28 sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad, concluyó otra ronda de diálogos con el ELN y también el punto uno de la Agenda, cuyo objetivo era el “diseño” de dicho proceso por parte del Comité Nacional de Participación.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegan, dijo que "estuve en desacuerdo con que, para las tareas instrumentales del diseño del Modelo se consultara a la sociedad a través de una compleja instancia corporativa, pero ante la presión del ELN, al menos logré que se incorporarán al Comité varios miembros de Consejo Gremial y organizaciones como Acore y el Instituto de Ciencia Política, los cuales, aun siendo minoría, protestaron frente al desbordamiento del Comité".

Aseguró que tanto su posición, planteada en una carta a la jefe de la delegación gubernamental, y la protesta de los sectores que rompieron la homogeneidad del Comité, tuvo resultados, pues dijo que una cosa fue el Modelo de Participación del Acuerdo 28 y otra la propuesta del CNP. "Sobre todo en la pretensión de imponer agenda temática y la interpretación sobre una “condición vinculante automática” a partir de la participación de “8.000 voces”, con lo cual, prácticamente, se “defenestraba” a la Mesa y se desconocía la misión constitucional del Congreso en la discusión y aprobación de políticas públicas", agregó.

En cuanto al Acuerdo 28, señaló sus “claroscuros”. "El Acuerdo no incluye la pretendida condición vinculante a partir de “la toma de decisiones de las y los participantes…”, dejando claro que las comunidades proponen, pero solo la Mesa dispone; tal como propuse y quedó desde el Acuerdo 9 de Participación", dijo.

Lafaurie explicó que aunque no se señale expresamente, "es claro que ni el Comité de Participación sustituye a la Mesa de Diálogos, ni la Mesa puede sustituir a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución, el Congreso en primer lugar". Por tanto, añadió, "si bien los acuerdos de la Mesa son de obligatorio cumplimiento y deben convertirse en políticas públicas, esa obligatoriedad está supeditada a las competencias del Congreso para discutir, aprobar, modificar o improbar las propuestas de política pública o de modificaciones institucionales surgidas de la Mesa".

En cuanto a la pretensión de imponer una agenda, el Acuerdo 28 dio luz al eliminar temas como la democracia directa, la política de seguridad y la referencia al Acuerdo de Escazú, y al apelar a la fórmula menos controversial de apenas proponer temas de diálogo, pero, aseguró que dejó en la penumbra el desbordamiento de Comité en su limitado objetivo de definir métodos y procedimientos.

El último y gran claroscuro dijo que "aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito".