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Mientras el Gobierno Nacional insiste en que el proceso de sustitución de cultivos llevará a que 80.000 familias campesinas puedan reemplazar este año, al menos, 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la realidad en los territorios está acompañada de incertidumbre en la población civil. 

El fortalecimiento institucional en las zonas que sirven como corredor de narcotráfico es una de las prioridades que el Ministerio de Defensa deberá combatir para, en parte, mitigar los riesgos hacia los líderes sociales de regiones como catatumbo en Norte de Santander o Tumaco en Nariño. 

Nélida Ayala Avellaneda, líder social y presidenta de Aspalfur, ubicada en la frontera con Venezuela comentó que “el modelo de sustitución de tierras ha sido una alternativa para muchos productores”. Pero los líderes sociales de Norte de Santander advierten que el principal problema de la sustitución es garantizar la seguridad frente a los grupos armados que aún operan en el territorio. “Llevo cinco meses desplazada de mi pueblo debido a los constantes hostigamientos”, anotó. 

Marlene Rodríguez, gerente de una empresa local también indicó que “el cultivo de palma ha generado ingresos a los campesinos de la región y ha permitido que se vaya haciendo la sustitución de los cultivos ilícitos”. 

Por su parte, Gina Díaz, investigadora de tierras de Acción Técnica Social considera que “si bien es un avance el acuerdo de paz en materia de sustitución de cultivos y se enfoca en el desarrollo agroindustrial del país en donde el reto más importante está en el ordenamiento territorial y en la organización de las instituciones estatales”.

Justamente, el ordenamiento territorial que está a cargo de los municipios resulta fundamental para que los proyectos agropecuarios puedan organizarse y ofrecer oportunidades en el mercado laboral a las comunidades campesinas. Díaz agregó que “la medida no puede ser el número de hectáreas sustituidas o erradicadas y ese es un gran reto para los técnicos para también incorporar el desarrollo y la inversión”.

Para ello, uno de los principales esfuerzos que ha venido adelantando el Gobierno Nacional es la inversión en infraestructura de transporte. Según las más recientes cifras del Dane y la ANI, en Colombia, para el primer trimestre de 2017, la inversión privada de infraestructura de transporte registró un crecimiento del 37,3% alcanzando los $1,47 billones.

“Este es el año de la construcción, las 4G van marcando el ritmo de la economía y con esto aportamos para mantener el dinamismo del país”, resaltó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI. 

Pero no solamente en esta materia debe atenderse el asunto de proyectos sostenibles. Para Rocío Peña, investigadora del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario también se debe atender el frente de la agricultura campesina. 

“Las economías familiares son mucho más productivas que las economías expansivas y por eso, en el tema de sustitución una clave es la inversión en bienes públicos por parte del Estado para que se pueda llevar a cabo un desarrollo agrícola y de esta manera tener un modelo de economía de escala”, anotó.

 Lo que ha arrojado la experiencia, en el caso de los cultivadores de palma, según Peña, es que el beneficio no termina siendo para los pequeños productores sino para las grandes empresas y por eso se requiere de una política pública que permita utilizar oportunidades de negocio para las comunidades.

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