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El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno Petro a comienzos de agosto ha estado en boga de todos los sectores económicos durante las últimas semanas. El sector de alimentos es uno de los que más cambios tendría por el nuevo modelo de captación de recursos que gravaría impuestos a productos ultrapocesados y bebidas azucaradas.

Estos gravámenes buscan recaudar aproximadamente $1,02 billones con las bebidas azucaradas para 2023 y $1,09 billones con los productos ultraprocesados, para un total de $2,11 billones el año que viene.

A propósito de este proyecto de reforma tributaria el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafe), en cabeza de Roberto Vélez, aseguró que se deben revisar algunos aspectos de la reforma que afectarían directamente el ingreso de 540.000 familias cafeteras.

Lo primero que la entidad gremial argumenta es que el café soluble liofilizado y el extracto de café no deberían ser considerados en las posiciones arancelarias que serán gravadas como productos ultraprocesados, pues esto mermaría el consumo interno de la bebida y estos se elaboran con un solo ingrediente, lo que los hace ser alimentos “mínimamente procesados”.

También señala que el marco jurídico actual prioriza estimular el consumo interno del café como bebida nacional, por lo que gravar estos productos iría en contravía a dichas disposiciones.

Cabe recordar que, en el caso de los alimentos ultraprocesados, la base gravable será el precio final de venta, que tendría una tarifa de 10%.

Eliminación del costo presunto de la mano de obra derogar

Según Fedecafe, esta medida impactaría en los ingresos de los caficultores al elevar su tributación, ya que en la actualidad el costo presunto es de 40%, para efectos del impuesto de renta y complementarios. Las cifras estimadas de la entidad gremial afirman que el componente de mano de obra en la caficultura alcanza 60,7%, los insumos 32,7% y la administración y gastos generales 7,1%, por lo que se volverían gravables ingresos de estas poblaciones.

“Se hace un llamado al honorable Congreso de la República y al Gobierno Nacional a que se considere la realidad del campo colombiano, antes de aprobar obligaciones, que hoy no son posible cumplir, mientras no se garantice infraestructura y servicios suficientes, en todos los municipios, tales como vías de acceso, conectividad, servicios financieros, protección social y herramientas para cumplir de manera eficiente y racional las obligaciones fiscales”, expresó la entidad en un comunicado.

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