“Compramos 442.000 hectáreas de forma directa y 24.000 fueron donaciones”

El debate sobre las cifras de la reforma agraria comenzó a intensificarse cuando la exministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que los datos presentados por el Gobierno Nacional sobre la compra y formalización de tierras no eran los adecuados. A su juicio, solo deberían reportarse como tierras entregadas aquellas que ya cuentan con registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió a esas declaraciones y aseguró que el contador de la reforma agraria no infla las cifras de la administración de tierras, sino que informa “de manera transparente” las entregas provisionales y las definitivas.

En Inside LR, la ministra también habló sobre los avances en la compra de tierras, la renovación de los contratos de los fondos parafiscales del sector agropecuario y el empalme con la próxima administración.

Durante los últimos días surgieron críticas sobre las cifras de la reforma agraria. Algunos sectores consideran que están infladas porque incluyen predios que todavía están en trámite. ¿Qué responde a ello?

Cuando llegué al ministerio nos dimos a la tarea de construir el contador de la reforma agraria para que las cifras fueran completamente transparentes. Este contador es absolutamente claro. Le dice al país qué ya está comprado, qué tiene registro y qué está en curso. Eso es transparencia.

Lo que hoy se está discutiendo no son los datos, sino una interpretación sobre si las entregas provisionales deben contarse. Yo digo, con absoluta certeza jurídica y claridad política, que sí deben contarse, porque son bienes que ya hacen parte del Fondo Nacional de Tierras y cuya administración fue entregada mediante un acto administrativo a sujetos de reforma agraria.

Nadie está discutiendo hoy el dato. Lo que se discute es una interpretación. El contador diferencia de manera transparente las entregas provisionales de las definitivas.

Entonces, para dejarlo claro, ¿cuántas hectáreas compró el Gobierno?

Tenemos una gestión de 442.000 hectáreas por adquisición directa, 24.000 hectáreas mediante donaciones y otras transferencias sin costo al Fondo Nacional de Tierras y 314.000 hectáreas provenientes de procesos agrarios. En total son 806.000 hectáreas las que ingresan al Fondo Nacional de Tierras para ser destinadas a los procesos de asignación y reconocimiento de derechos.

¿Cuál sería el resto del balance de la reforma agraria?

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Hay que diferenciar varias cosas. Una es la restitución de tierras, que corresponde a la política de justicia transicional para reparar a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que fueron desplazados o despojados. En esa materia destrabamos la inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y hoy cerca de 7,5 millones de hectáreas están siendo discutidas por los jueces de restitución.

En formalización de tierras tenemos un avance de 2,2 millones de hectáreas. De ellas, 1,2 millones ya cuentan con títulos registrados, 705.000 están en proceso de registro y también hemos llevado al registro de 298.000 hectáreas que habían sido adjudicadas por gobiernos anteriores.

En redistribución, que es el eje de la reforma agraria, hemos adquirido 442.000 hectáreas, de las cuales 230.000 fueron compradas a particulares en el marco del acuerdo con Fedegan. Además, el Fondo Nacional de Tierras ha gestionado 806.000 hectáreas para ponerlas al servicio de la reforma agraria.

La semana pasada hubo una amplia discusión por el futuro del Fondo Nacional del Café, ¿cuáles son los detalles del acuerdo?

No diría que hubo una fuerte discusión. Hubo una conversación muy franca entre Fedecafé y el Gobierno Nacional. Lo que advertimos es que todavía había aspectos por estructurar en ese contrato y era mejor darnos un plazo para construir un documento robusto, que incorpore las nuevas realidades del mundo cafetero, el reconocimiento del campesinado, la democratización del fondo, la participación de mujeres y jóvenes en la junta directiva y una garantía única que hoy no existe.

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Lo que queremos es que las más de 600.000 familias cafeteras, muchas de ellas campesinas, puedan incorporarse de manera decidida a la estructura cafetera colombiana.

También vencen este año varios contratos de fondos parafiscales, como los de papa, frutas, hortalizas y tabaco. ¿Qué cambios introdujo el Gobierno en esos acuerdos?

Nos dimos a la tarea de construir una segunda generación de contratos parafiscales. Son contratos que incorporan a la agricultura campesina, establecen reglas más claras de control y vigilancia, democratizan las juntas directivas y fortalecen el fomento agropecuario.

También realizamos estudios de representatividad para establecer cuántos productores representa cada gremio y que los recursos de los fondos lleguen a las regiones donde realmente se concentra la producción.

¿Cuál es el balance que deja el Gobierno en materia de fondos parafiscales?

Hemos crecido en producción agropecuaria y también en el recaudo de la mayoría de los fondos. Los fondos agrícolas crecieron más de 67% entre 2022 y 2025, mientras que el fondo porcícola aumentó más de 90%.

Además, cerca de $800.000 millones de los fondos parafiscales agropecuarios, sin contar el café, se destinaron en 2025 a ciencia, innovación y tecnología.

¿En qué consisten las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos? Algunos las calificaron como un intento de “expropiación”

Desde que asumí la cartera, todas las decisiones que tomo se califican como una intención de expropiación. Y no hemos expropiado un solo predio en el curso de este gobierno.

Lo que estamos haciendo con las Appas está en el Plan Nacional de Desarrollo y consiste en proteger los suelos con capacidad agrológica para producir alimentos de la presión urbana, de la minería y de otros cambios de uso.

Hemos declarado más de 960.000 hectáreas como suelos de especial protección para la producción de alimentos. No es cierto que estemos diciendo qué se siembra allí. Lo que estamos diciendo es que ahí debe haber actividad agropecuaria.

Lo que necesitamos es proteger estos suelos, que son el patrimonio de la soberanía alimentaria. Si acabamos con los suelos para producir alimentos, lo que se pone en riesgo es la soberanía alimentaria del país.

Se proyecta que el fenómeno de El Niño será entre fuerte y muy fuerte. ¿Qué deja listo el Gobierno para enfrentarlo?

Hicimos un estudio y, claramente, los más afectados son los 23 productos de la canasta alimentaria. Destinamos $110.000 millones para apoyar la compra de insumos y mejorar la fertilización y las coberturas de suelo.

También pusimos en marcha una línea especial de crédito para gestión del riesgo agropecuario que permite hacer adecuaciones de riego, riego de precisión y obras para enfrentar la sequía.

En los siete departamentos donde declaramos la emergencia por el frente frío, estamos desarrollando un proceso de reactivación agropecuaria y apoyo.

Este año destinamos $400.000 millones para el programa de financiamiento agropecuario. Además, este gobierno ha hecho la mayor capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías.