En una de sus habituales columnas, José Féliz Lafaurie, presidente de Fedegán, advirtió que la actualización catastral que, el Gobierno pretende sacar adelante en el marco de su Plan de Desarrollo, será "la quiebra del campo", pues se establecerán incrementos que, desde su óptica, rayan en lo absurdo.
"El presidente (Gustavo Petro) se refirió a una convocatoria de paro por el incremento de los avalúos catastrales, resultado de la actualización masiva que ordena el artículo 49 de la Ley del Plan de Desarrollo. No sé de esa convocatoria, pero el artículo 49, aunque cree remediar un desfase histórico, termina siendo un despropósito, como la resolución del IGAC 2057/25, cuya metodología pongo en duda por sus resultados, que establecen porcentajes de incremento del avalúo catastral que rayan en el absurdo, para zonas rurales de 527 municipios", escribió Lafourie.
Y añadió: "Por ello, también pongo en duda que los ajustes realmente consulten el artículo 9º de la Ley Agraria (L. 101/93) la cual establece que cuando las normas sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios".
En su texto de opinión, anotó que "los ejemplos son de Ripley: en la región 18 de Saravena, Arauca, el incremento supera el 2.500.000% (leyó bien: dos millones quinientos mil por ciento) y el promedio departamental el 201.000%. En Atlántico el promedio supera el 18.000% y siete departamentos tienen incrementos promedio superiores al 1.000%, lo que no es consuelo para Amazonas y Tolima con 900%, o para Nariño, departamento minifundista y agobiado por la violencia, con incremento promedio del 766%. Petro afirmó que la medida no era para los pobres, pero me temo que también es falso".
Allí mencionó que el Estado reconoce el rezago en la actualización de los avalúos catastrales e hizo notar que "es inobjetable que, ya sea por negligencia o falta de recursos, el rezago es un 'error omisivo' del Estado durante años y, por tanto, su corrección no puede afectar 'de golpe y porrazo' el bolsillo de los propietarios de tierra, sino que debe tener una gradualidad acorde con los tiempos del error estatal".
A su juicio, "la afectación económica no es de poca monta, pues el predial, a pesar de las limitaciones legales a su aumento anual, tendrá una tendencia incremental durante varias vigencias, que debería atenuarse con una justa gradualidad en el incremento de los avalúos, y con la aplicación de tarifas mínimas por parte de los municipios".
"La Resolución 2057 es, literalmente, una exacción que afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo, donde todo falta y solo sobran el abandono y la violencia. Es un camino hacia la quiebra rural, un riesgo ante el cual…, debemos movilizarnos", puntualizó.
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