ADR realizó inversión de más de $13.000 millones en comunidades indígenas del Cauca
Una nueva 'Danza de los Millones' salió de la Casa de Nariño en el cierre del año pasado, contando con la existencia de más de 50 contratos interadministrativos con autoridades indígenas por un valor de $198.237 millones a cerca de 20 organizaciones. Según las cuentas de la senadora María Fernanda Cabal, se estuvieron girando $13.215 millones mensualmente desde la dirección de Gustavo Petro, y los convenios firmados fueron contratados de forma directa, conforme a la Ley 2160 de 2021.
#LaDanzaDeLosMillones En diciembre el gobierno finalizó más de 50 convenios interadministrativos con autoridades indígenas por un valor de $198.237.808.986, es decir, se giraron cerca de $13.215.853.000 mensuales a cerca de 20 organizaciones indígenas. ¿Para qué? Veamos... pic.twitter.com/ef2mdjeM5l
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 4, 2024
Entre lo que muestra Cabal, el Consejo Regional de Indígenas del Cauca, Cric, recibió $73.431 millones. La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, tuvo un monto por $38.385 millones. También se cuentan organizaciones más pequeñas o partidos políticos como el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, quienes contaron con el monto de $3.404 millones, entre algunas más.
#LaDanzaDeLosMillones En diciembre el gobierno finalizó más de 50 convenios interadministrativos con autoridades indígenas por un valor de $198.237.808.986, es decir, se giraron cerca de $13.215.853.000 mensuales a cerca de 20 organizaciones indígenas. ¿Para qué? Veamos... pic.twitter.com/ef2mdjeM5l
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 4, 2024
¿Bajo qué término se entregó la plata?
Los convenios, que suman casi $200.000 millones, fueron entregados bajo la ley de contratación directa 2160 de 2021. La Ley 2160 del 25 de noviembre de 2021 modificó las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en lo relacionado con capacidad de comunidades indígenas para contratar con el Estado, nuevas cáusales de contratación directa (comunidades indígenas, negras, palenqueras, raizales), control fiscal, entre otras novedades.
Una de las descripciones de la entrega del convenio, según el documento publicado por Cabal, es que entre los Ministerios (entidades contratantes), pactaban acuerdos como por ejemplo el de el Ministerio de Deporte y la Aico. El monto, que fue por $3.000 millones, se justifica para "aunar esfuerzos para el cumplimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Política Pública de las Prácticas Ancestrales para la Armonía y el Equilibrio 2022".
A la Onic, por ejemplo, el Ministerio de Interior consolidó un convenio por $25.000 millones para "fortalecer los saberes políticos, culturales, y espirituales de los pueblos indígenas del Cric Nacional".
Subsidios de vivienda por $39.625 millones
Dentro de lo entregado a los indígenas, hay un rubro especifico para subsidios de vivienda por $39.625 millones. Aquí, el Ministerio de Vivienda delega a la autoridad indígena para que decida a quién darle los recursos.
Investigación de la Procuraduría en octubre
El 18 de octubre ya habrían alertado sobre los altos montos en los contratos. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que investiga a los ministerios de Ambiente y del Interior, así como a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adaptación al cambio climático en varias comunidades indígenas del país.
De acuerdo con el ministerio público, los contratos contaban con un presupuesto de $30.000 millones y se presentaron presuntas irregularidades en la selección del personal para ejecutarlos. Em este caso, uno de los contratos en estudio pertenecía a la Onic.
El contrato tenía un valor de $25.000 millones y el ministerio del Interior se lo entregó a Organización con el "objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que integran la Mesa Permanente de Concertación". Este último es un organismo encargado de mantener las relaciones entre las comunidades indígenas y el Gobierno nacional.
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