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Según explicó el gerente general de Coragro Valores, Luis Vicente Támara, todas las entidades financieras públicas o privadas deben ofrecer recursos al sector.

Desde que se creó la Ley 16 de 1990, se diseñó una política pública dirigida al financiamiento del sector, y con ella se estableció el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (Snca), y nació Finagro.

Además, se estableció la obligación de todas la entidades financieras de invertir en el sector, a través de este último, $7 de cada $100 prestados mediante los Títulos de Desarrollo Agropecuarios, TDA.

'El personal del sector también tiene la opción de hacer créditos directos (cartera sustitutiva) a proyectos agropecuarios, lo que les reemplaza invertir en esos títulos a tasas inferiores al DTF', explicó Támara.

En cuanto a las tasas, Luis Vicente Támara explicó que éstas varían de acuerdo a la entidad, dependiendo de si se trata de recursos propios, que se hacen a mayor tasa, siempre inferior a la de usura; o si son fondeados por Finagro, que van en un rango entre 2 a 10 puntos adicionales al DTF.

Entre las entidades que más prestan está el Banco Agrario, de hecho, ha otorgado el 43% del total. Le sigue el Bbva, Bancolombia, Banco Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Santander y Banco de Occidente.

Mayores esfuerzos del sistema

Para Luis Vicente Támara, se deben seguir haciendo esfuerzos gubernamentales, así como del mismo sistema financiero, que faciliten el proceso a los representantes del sector. Una estrategia sería aumentar los recursos del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, para cubrir mayores volúmenes de crédito sin garantía real, como también el porcentaje cubierto de cada crédito en los pequeños y medianos productores. Además de un mayor volumen y estabilidad de recursos para que de esta manera que se garantice su oferta, motivando la demanda de crédito mediante este incentivo.

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