Organizaciones advierten sobre impacto de las Appa en la autonomía regional y los derechos de propiedad

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho publicaron en las últimas horas un informe en el que alertan sobre los riesgos que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y otras medidas adoptadas por el Gobierno nacional representan para la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de las regiones.

Según el estudio, alrededor del 82,7% del territorio nacional está bajo la influencia de instrumentos definidos desde el nivel central, lo que limita considerablemente la capacidad de acción de alcaldías y gobernaciones.

“El Gobierno nacional está utilizando el argumento de la protección de la tierra para imponer un modelo centralista que desconoce la autonomía territorial, afectando tanto a las autoridades locales como a las comunidades, además de poner en riesgo los derechos de propiedad privada y la libertad empresarial establecidos en la Constitución”, señaló Carlos Augusto Chacón, director del ICP.

El análisis también subraya cómo estas medidas se superponen a zonas que son clave para el Producto Interno Bruto (PIB) y el valor agregado del sector primario. Al restringir o prohibir actividades como la minería, la industria y el comercio, se reducen las oportunidades de empleo e ingresos fiscales en regiones que actualmente son motores económicos, como los departamentos de Córdoba, Antioquia, Tolima y Cundinamarca, entre otros. Además, se destaca la falta de participación de las comunidades y los territorios en las decisiones que los afectan.

“Las nuevas Appa y Zppa se están estableciendo mediante resoluciones, sin contar con una ley orgánica que, según la Constitución, es necesaria para modificar las competencias territoriales. Esto socava la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, además de subordinar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, expresó María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá.

Por su parte, Andrés Caro Borrero, representante legal de FEDe. Colombia, afirmó: “Desde FEDe. Colombia hemos defendido los principios constitucionales de legalidad y descentralización, emprendiendo acciones jurídicas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Nuestro objetivo es asegurar que las acciones del Gobierno se ajusten a la Constitución”.

El ICP, ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que garantice la supremacía de la Constitución y la reserva de ley orgánica, así como al Gobierno nacional para que redireccione estas medidas hacia procesos participativos, respaldados por análisis técnicos verificables.

Además, instan al Congreso a tramitar un marco normativo integral que armonice la protección ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo, sin vaciar las competencias municipales.