La familia Seinjet mantiene el control de la azucarera La Cabaña en proceso de liquidación
Procaña lidera defensa colectiva para los afectados por la liquidación del Grupo La Cabaña. Este proceso hoy amenaza el patrimonio de cerca de 1.000 productores de caña, compromete 3.200 empleos directos e indirectos.
La liquidación también pone en riesgo la economía rural del norte del Cauca, especialmente en municipios como Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Corinto y Miranda.
La crisis de ingenio La Cabaña golpea 3.200 empleos y 2.200 toneladas de producción
Marcela Urueña Gómez, directora ejecutiva de Procaña, dijo que "no estamos hablando únicamente de una empresa en liquidación. Estamos hablando de cientos de productores que hoy no saben qué ocurrirá con sus contratos, sus cosechas y su patrimonio, y de una economía rural que enfrenta uno de sus momentos más difíciles".
La compañía activó una estrategia de defensa colectiva para proteger las tierras, las acreencias y el patrimonio de los cultivadores, articulando acciones jurídicas, gremiales e institucionales que fortalezcan su representación durante el proceso de liquidación.
La estrategia
- Gestión institucional permanente con la Superintendencia de Sociedades y el liquidador del proceso para facilitar la liberación de predios y proteger los derechos de los productores.
- Defensa técnica especializada, mediante acuerdos con firmas expertas en insolvencia empresarial para facilitar el acceso a asesoría jurídica y reducir el riesgo de errores en la presentación de acreencias.
- Consolidación del censo de productores afectados, que permitirá dimensionar el impacto económico y fortalecer la interlocución con el Gobierno Nacional.
- Evaluación de alternativas para la molienda de la caña en otros ingenios, con el propósito de reducir las pérdidas productivas cuando existan condiciones técnica y económicamente viables.
Procaña recuerda que los productores cuentan con plazos legales definidos para presentar sus acreencias, entre el 28 de julio y el 27 de agosto de 2026. "No basta con tener la razón; es indispensable presentar oportunamente los soportes y actuar dentro de los términos establecidos por la ley", reitera el gremio.
"La chimenea de La Cabaña se apagó, pero la tierra sigue viva. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de una empresa, sino el de cientos de familias que han construido su vida alrededor de la cañicultura. La respuesta no puede ser la resignación; debe ser la acción colectiva. Hoy el llamado es a que ningún productor enfrente este proceso solo. Cuando los cultivadores actúan unidos, aumenta su capacidad para proteger sus derechos, su patrimonio y el futuro del territorio", concluyó Marcela Urueña Gómez.
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