En la lista de posibles afectados de llegar a aprobarse el proyecto de ley de solidaridad sostenible que radicó el Ministerio de Hacienda está el arroz. Este es un bien esencial en la mesa de los colombianos, del cual se consumen anualmente 42 kilos per cápita.
Y es que según el articulado propuesto, el arroz pasaría de estar exento a excluido, con el agravante de que se adicionen algunos tributos como el impuesto al consumo en los pesticidas o una tarifa de IVA de 19% en herramientas básicas para la producción de todo tipo de este cereal como tractores, guadañas, empaques y sistemas de riesgo.
Con este panorama, las condiciones para el sector cambian, pues no solo se prevé un daño por cuenta del aumento en los costos, sino también un cambio en los planes de renovar el parque automotor de tractores y en las cuentas que se hacían por la posible exportación, de la cual ya se empezaba a hablar este año.
En este tema, el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, recalcó que aunque la idea del Gobierno ha sido ayudar a concretar mercados internacionales para distribuir arroz colombiano, lo cierto es que aún no se ha concretado ningún negocio.
“Esto requiere de una diplomacia comercial que no se da de un mes a otro. Nosotros habríamos podido exportar pero no hay nada concreto y si ahora nos encarecen los costos de producción, pues estamos más lejos de ser un país exportador de arroz”, dijo Hernández.
Y es que si bien en algún momento se habló de la posibilidad de exportar el grano la realidad del mercado demostró que aún el producto colombiano está en desventaja con el internacional, sobre todo, porque al país siguen entrando altas cantidades de arroz del extranjero, principalmente de Ecuador.
Un problema que, actualmente tiene en líos al sector arrocero, pues, según Hernández, al no haber actualizado los tratados como el de la CAN, el arroz colombiano queda en desventaja sobre el ecuatoriano, ya que se permite la entrada de grandes cantidades, lo que tiene a la industria con un inventario de 1,1 millones de toneladas de arroz seco, lo que representa cuatro meses de ventas.
En esta línea, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, indicó que aunque hay una sobreproducción de arroz, que tiene en mínimos los precios, el Gobierno aprobó esta semana la importación de aquí hasta final del año de 50.000 toneladas de este cereal, un problema que se suma a esta industria.
Ahora bien, dado que esta es la situación actual de los arroceros, Hernández destacó que esto solo sería una “arandela” más pues la reforma tributaria podría poner a los productores un desincentivo, ya que con lo que se plantea, el costo de un kilo de arroz podría subir hasta 4,6%, lo que podría generar menor consumo del bien.
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