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Colombia es el séptimo país del continente con mayor extensión geográfica según la medición de la Organización de los Estados Americanos, OEA, pero solo tiene 114 millones de hectáreas. Dicho de otro modo, la tierra per cápita en el país es 2,3 hectáreas por habitante, a la luz del último censo del Dane.

La tenencia de la tierra sigue siendo uno de los mayores tabúes colombianos porque se sigue hablando de “pobres sin tierra”, “grandes terratenientes” y se canta el viejo estribillo comunista de que “la tierra es de quien la trabaje”. Con el paso de los años, las cosas han cambiado y la respuesta a la pregunta de quién es la tierra en Colombia puede sorprender.

Para aclarar el interrogante hay que tener en cuenta que entre 2012 y 2018 se han levantado mapeos sobre los dueños de los títulos de tierras, y la información está desactualizada; de hecho, esa es la tarea principal del Catastro Multipropósito, pero este solo estaría listo hasta 2022.

Mientras esos datos salen a la luz, la información que ha levantado el Gobierno con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, y otras entidades, en la última década, indican que 42,5% de la tierra (48,5 millones de hectáreas), es de títulos privados, desde empresas que la usan para su explotación en agroindustria y la generación de empleo, hasta las familias o personas que tienen su terreno propio para disfrutar, pasando por los campesinos dedicados a cultivos de “pan coger”.

Luego, con 34,3 millones de hectáreas, es decir, 30,1% del total, está la tierra de los resguardos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras agrupaciones étnicas reconocidas por el Estado. Según las cifras del Dane, estas comunidades minoritarias agrupan a 2,5 millones de personas aproximadamente, lo que significaría unas 14 hectáreas por persona, casi siete veces más que cualquier otra persona.

Ninguna de esas comunidades paga impuestos sobre la tierra ni su producción, situación que origina muy pocos recursos en los municipios en donde se encuentran.

El otro segmento tiene que ver con las áreas protegidas de las que se presume que no debe haber intervención del hombre, aun ni de las comunidades indígenas. Estos espacios son casi 10% del total nacional y abarcan 11,3 millones de hectáreas. Es en estos territorios es donde se ubica 90% de los cultivos ilícitos y se encuentran los focos de deforestación.

Los baldíos representan aproximadamente 0,7% del territorio, es decir, casi un millón de hectáreas, cifra que sigue en revisión y ni el mismo Estado sabe a ciencia cierta su tamaño, pues las hectáreas podrían ser más o menos. Esta es una tarea pendiente que se debe resolver con el Catastro Multipropósito, que necesita más de $2 billones para hacerse una realidad.

El objetivo es que en 2025 se logre 100% del mapeo del territorio colombiano y se ponga a andar el Catastro Multipropósito, de esta manera no solo se entenderían a mayor profundidad las cuentas sobre la tierra, es decir, cuánta es privada, pública o de comunidades étnicas, sino que habría mayor control sobre qué personas naturales y jurídicas controlan terrenos.

Román Bauer de América Natural es una de la autoridades en la materia y dice que “en la teoría, así es como se divide la propiedad en la tierra, pero esas mismas cifras van a cambiar cuando termine el Catastro Multipropósito, pues hasta ahora el Gobierno Nacional está implementando nuevas tecnologías y más recursos para por fin dar con un dato más claro de a quién le pertenece la tierra”.

Distribución de la tierra
Parte de la respuesta a la pregunta sobre a quién le pertenece la tierra, también tiene que ver con cómo se distribuyen los suelos. Sobre este punto, en el tercer Censo Nacional Agropecuario, que se publicó en 2014, se detalla que, de 100% de la tierra, los bosques naturales conservan la mayor extensión y representan 63,2 millones de hectáreas, o sea, 56,7% del territorio nacional.

En esa gran extensión de tierra es donde entran a contar las reservas naturales, pero también los predios que son para las comunidades étnicas y los parques naturales.

Luego, aparece, con 43 millones de hectáreas, o sea 38,6% del territorio, el suelo que es para el uso agropecuario. Esta es una característica de las Unidades de Producción Agropecuaria respecto al uso del suelo, que tiene relación con el desarrollo de actividades como siembra de cultivos, cría de animales, plantaciones forestales, bosques naturales y otros usos.

También en esta división están las que son para usos no agrícolas. Estos se definen, según el Dane, como la tierra que al momento de su registro “es exclusivamente habitacional (como los condominios, centros recreacionales, o aquellos usos agroindustriales como es el caso de plantas de extracción de aceite), actividades de apoyo a la ganadería (plantas de sacrificio, procesamiento de leche), molinería de arroz, fabricación de azúcar, minería, actividades de asistencia en salud (hospitales, clínicas), generación y transmisión de energía, elaboración de panelas y mieles que se encuentran en el área rural dispersa censada”.

Hay otra clasificación bajo el concepto de “otros usos”, unas 2,8 millones de hectáreas en donde entran las zonas relacionadas con la sostenibilidad de los recursos naturales como áreas de páramos, cuerpos de agua, suelos desnudos o afloramientos rocosos. También agrupa la infraestructura referida a la casa de habitación, zonas verdes, o piscinas.

Hay 23% del terreno con exclusiones legales
De acuerdo con el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria, Sipra, una herramienta tecnológica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), del total de las hectáreas que hay en Colombia, 23,1%, es decir 26,4 millones de hectáreas, tienen exclusiones legales.

Estas tierras se entienden como las que “corresponden a las zonas en las cuales, por mandato de la ley o reglamento, no se permite el desarrollo de actividades, dado el carácter estratégico para salvaguardar el patrimonio natural, cultural o socioeconómico del país”, dice la entidad.

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