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En reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), una de las preocupaciones que veían en el largo plazo para Colombia era que la expansión de los cultivos ilícitos dependía, en ciertos casos, de la falta de información estadística que hay sobre el origen y control de algunos terrenos en el país. Y puntualmente, hacían referencia a los baldíos, pues ante una gran extensión de bosques y selvas, el narcotráfico aprovecha.

Históricamente, poca información sobre la tierra y su control ha generado retrasos económicos en las regiones con mayor densidad selvática como Amazonas, (además del conflicto); y problemas para privados que podrían impulsar trabajos agroindustriales.

Pero sumando el terreno baldío no solo en estos departamentos, sino en todo el país, de los 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 20% son tierras baldías, según detalló la investigadora y economista de la Universidad de Los Andes, Ana María Ibáñez, quien hace un aproximado de 48 millones de hectáreas en esta condición; (informe que incluso ha servido de sombrilla para el mismo Estado).

Precisamente, el Gobierno no tiene un dato exacto sobre la cantidad de terrenos baldíos en cuanto a número de hectáreas, y esa es solo una de las tareas principales que debería solucionar el catastro multipropósito entre 2022 y 2025.

Pero lo que sí se está haciendo, son cálculos y políticas de cómo administrar esta tierra. Por eso, aquí un primer punto es que la tierra casi en su 100% está siendo utilizada para bien o para mal, es decir, lo cierto es que tras los baldíos hay alguien.

Un ejemplo de administración es lo que está haciendo, a partir del Acuerdo de Paz, el Fondo de Tierras, mecanismo creado para implementar la Reforma Rural. Esa figura cuenta hoy con casi 1,1 millones de hectáreas, las cuales se le están adjudicando, en su mayoría, a campesinos, o en algunos casos se pone bajo propio resguardo de ellos, siempre y cuando sea para el desarrollo de alguna actividad productiva.

“Ese fue un compromiso. La formalización de 7 millones de hectáreas hasta 2026, y crear un Fondo de Tierras de hasta 3 millones disponibles para ser adjudicadas al campesinado. Son tierras baldías, recuperadas que van a estar disponibles como un banco de tierras, y deben ser luego adjudicadas al campesinado”, explicó Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Pero de esos 48 millones de hectáreas baldías, no todas se pueden utilizar, de hecho, porque gran parte de la tierra es para las reservas naturales o bosques. Pero de las que sí se pueden aprovechar, hay entre 4 y 5 millones. Adicionalmente a las zonas protegidas para conservar el medio ambiente, hay 2,4 millones de hectáreas que no se pueden entregar del todo a los campesinos, pero sí se pueden hacer permisos de uso.

“Este es un mecanismo para que personas de menos recursos también se comprometan a una actividad productiva y puedan tener seguridad de un terreno que les dé alimento”, agregó José Antonio Ocampo, exministro de Agricultura.

Hoy en día, en Colombia, el Estado permite entregar permisos por entre 10 y 12 años, con opción de renovar siempre y cuando sí se refleje que contribuye al desarrollo económico.

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