En los últimos días, el anuncio de una Línea Especial de Crédito por $400.000 millones para los cultivadores de caña de azúcar abrió una discusión pública que merece una precisión esencial: crédito no es sinónimo de regalo.
El pasado 19 de agosto, en una reunión con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, miembros de la Junta Directiva de Procaña y la Sociedad de Agricultores del Cauca, acordamos avanzar en una hoja de ruta para recuperar productividad, mejorar el acceso al financiamiento, gestionar riesgos climáticos, fortalecer la seguridad jurídica y atender la situación del norte del Cauca.
Uno de los principales resultados fue el compromiso de estructurar una Línea Especial de Crédito, LEC, por hasta $400.000 millones, con tasa subsidiada y garantías del Fondo Agropecuario de Garantías, destinada a adecuación, preparación, siembra y renovación de cultivos.
Conviene explicar qué significa esto. El productor solicita un crédito ante una entidad financiera, debe cumplir los requisitos, recibe un préstamo y está obligado a pagar el capital y los intereses. El apoyo público consiste en reducir parcialmente el costo financiero.
Un ejercicio ilustrativo ayuda a dimensionarlo. Si los $400.000 millones se colocaran a 36 meses a una tasa cercana a IBR + 1, alrededor del 12% bajo las condiciones actuales, frente a una tasa comercial cercana al 22%, la diferencia acumulada de intereses podría ubicarse en un orden de magnitud cercano a $62.500 millones, dependiendo del esquema de amortización.
Cabe resaltar que este no es el costo fiscal definitivo. Este dependerá de las condiciones finales, los desembolsos efectivos, la evolución del IBR y el perfil de los beneficiarios. Pero sí permite entender la lógica del instrumento: con un apoyo público de ese orden podrían movilizarse hasta $400.000 millones de crédito productivo. Es un apalancamiento aproximado de 6,4 veces: por cada peso destinado al subsidio de tasa, podrían movilizarse cerca de $6,4 de financiación para el campo.
En tiempos de estrechez fiscal, esa diferencia importa. Un cupo de crédito por $400.000 millones no equivale a una apropiación presupuestal por el mismo valor, ni mucho menos a un regalo.
También importa saber quién está detrás del cultivo. En el valle geográfico del río Cauca hay más de 4.500 agricultores y 3.362 fincas; estas unidades productivas representan alrededor de 11.000 familias y 65% de los predios tiene menos de 60 hectáreas.
La agenda acordada fue más amplia: seguros agropecuarios paramétricos frente a El Niño, modernización de riego y reservorios, recuperación de productividad y sacarosa, control a las importaciones de azúcar y etanol y un plan de choque para el norte del Cauca.
Defender una LEC no significa pedir un cheque en blanco. Debe tener reglas claras, criterios transparentes, seguimiento y acceso efectivo para quienes producen.
La discusión pública es legítima. Pero para que sea útil debe partir de una distinción básica: un crédito que debe pagarse no es un regalo. Bien diseñado, este instrumento puede convertir una fracción de recursos públicos en inversión, productividad, empleo y permanencia en el campo.
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