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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó está semana su informe anual Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas, en el que reveló que los 54 países analizados (todos los miembros de la organización, la Unión Europea y 12 economías emergentes claves) entregaron subsidios directos a los agricultores por un valor de US$536.000 millones, en promedio, entre 2017 y 2019.

Del total, seis países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México, aportaron en conjunto un poco más de US$18.000 millones anuales.

A nivel global estos subsidios, dijo la Ocde, "provenían de políticas que mantenían los precios internos por encima de los niveles internacionales, lo que daña a los consumidores (en especial, a los más pobres), incrementa la diferencia de ingresos entre explotaciones pequeñas y grandes y limita la competitividad de la industria alimentaria en general".

En esa línea, la organización señaló que si bien el apoyo a los agricultores mantiene niveles relativamente bajos en la mayoría de países de América Latina, exceptuando Chile y Brasil, esas subvenciones distorsionan los mercados. Así mismo, la Ocde reveló que seis países, entre los que destaca Argentina, establecieron impuestos implícitos a los agricultores por US$89.000 millones anuales al bajar artificialmente los precios, lo que agrava las distorsiones del mercado.  

Otra revelación del informe es que, en términos generales, los países dedican relativamente pocos recursos al desempeño de largo plazo del sector agrícola. Así, en los 54 países considerados en el estudio, el gasto en infraestructura, bioseguridad, investigación y desarrollo solo ascendió a US$106.000 millones anuales. En los países de América Latina analizados, el gasto en este rubro sumó apenas US$4.000 millones. Por otro lado, las subvenciones a los consumidores representaron US$66.000 millones anuales, lo que resulta en que el apoyo total al sector fue de US$708.000 millones anuales, distribuidos de la siguiente manera: ayuda a los productores, US$536.000 millones; ayuda a los consumidores, US$66.000 millones; y servicios de apoyo, US$106.000 millones.

Además de las cifras, la Ocde resaltó que, a pesar del aumento en la productividad algunas iniciativas puntuales para mejorar el desempeño medioambiental del sector, las reformas normativas están estancadas. Esto, según la organización, se materializa, por ejemplo, en que los niveles de apoyo se han mantenido prácticamente inalterados en la última década, y se han hecho pocos avances en la transición hacia instrumentos que reduzcan las distorsiones en la producción y comercialización. Así mismo, la mayoría de países ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, lo que muestra un desempeño ambiental dispar.

Por otra parte, el informa de la Ocde también analizó las respuestas gubernamentales al covid-19, resaltando que si bien muchos países han centrado su reacción en facilitar el comercio para mantener las cadenas de suministro, algunos han puesto restricciones comerciales temporales que podrían debilitar ese suministro a corto y largo plazo. Por eso, la recomendación de la entidad para los países es que emprendan un plan de inversiones profundas que les permitan crear resiliencia a largo plazo en los sectores alimentario y agrícola.

“En todo el mundo, las políticas públicas aportan al menos 1 de cada 9 dólares de los ingresos agrícolas brutos. En algunos países, aportan 1 de cada 2 dólares,” dijo Ken Ash, director de Comercio y Agricultura de la Ocde. “Los gobiernos deben invertir en sistemas alimentarios que funcionen bien, pero actualmente la mayor parte del apoyo a la agricultura resulta inútil o incluso perjudicial. Ahora que los países tienen que trabajar con presupuestos sobrecargados debido a la covid-19, es el momento de reducir el apoyo agrícola distorsionador y reconducir los esfuerzos y los limitados recursos a fin de obtener mejores resultados para la agricultura y la sociedad en su conjunto”.

En esa línea, la Ocde emitió en sus informe tres recomendaciones para que los gobiernes mejoren la productividad y sostenibilidad y resiliencia de su sector agrícola, transcritas a continuación:

·      Eliminar progresivamente las políticas distorsionadoras, en especial el apoyo a los precios y el apoyo presupuestario, muy relacionados con la producción agrícola y el uso de insumos;

·      Reasignar los fondos a los servicios públicos más importantes del sector con miras a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia, o a ayudas específicas para la consecución de resultados en el ámbito del bien común, como la biodiversidad;

·      Centrarse en resultados medioambientales más ambiciosos mediante la ejecución de políticas menos distorsionadoras, más eficaces y más focalizadas.

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