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El fin de semana cuando la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía anunciaron una vigilancia tripartita de los recursos que se han destinado para atender necesidades y emergencias por el covid-19, uno de los puntos que más llamó la atención fue que del alto Gobierno, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, figuraba en las investigaciones.

Y esto porque la Contraloría presentó un informe, en el que, según la entidad, había preocupación por el uso que se le ha dado a la Línea Especial de Crédito con Tasa Subsidiada (LEC); en la cual el Estado paga un porcentaje de los intereses de créditos que se hagan para productores grandes, medianos y pequeños, con necesidades derivadas de la pandemia.

Una de esos cuestionamientos del ente de control es si de verdad los créditos van o no para cubrir problemas surgidos del covid-19. A esto se suma que la publicación de ese informe de la Contraloría fue el 17 de abril, y para ese momento ya había un desembolso de $213.599 millones para 77 grandes productores. Una semana después, el 24 de abril, luego de que en medios de comunicación ya se había hablado del tema, nueve empresas reversaron los préstamos a los que habían accedido, es decir, se regresaron recursos por $58.753 millones.

Aunque hay que aclarar que eso es permitido en la reglamentación de Finagro, la propia entidad está a la espera de las explicaciones del porqué grandes productores reversaron los préstamos.

Por lo pronto, para el contralor delegado para asuntos agropecuarios, Gabriel Romero, “no hay controles para el otorgamiento de los créditos”; y según esa entidad, próximamente se entregarán nuevos avances en las investigaciones.

Adicional, el organismo de control considera que hay problemas con los destinos que algunas empresas le están dando a los préstamos, pues aparentemente se presume que compañías estarían usando los recursos no para mitigar efectos del covid-19 sino para cubrir obligaciones que no tienen que ver con la situación actual.

Hay topes para los créditos
Desde el día en el que se publicó el informe de la Contraloría, otro punto que ha circulado en medios es que los grandes productores estaban usando recursos que les correspondían para los pequeños. Por esto, el presidente de Finagro, Dairo Estrada, salió a explicar que eso no fue así, y detalló que “cada pequeño, grande y mediano productor tiene un tope en los recursos disponibles, lo cual fue reglamentado por la propia Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”.

LOS CONTRASTES

  • Gabriel RomeroContralor delegado para asuntos del agro

    “No hay indicadores que midan el impacto de la focalización de a quiénes van dirigidos los créditos, a qué tipo de productores o a qué cultivos”.

  • Dairo EstradaPresidente de Finagro

    “Hemos entregado toda la información que ha requerido la Contraloría hasta el momento y ahí están los detalles de lo que ha hecho Finagro”.

Al momento de revisar esos topes, hay que entender que cuando la emergencia empezó, el Gobierno autorizó $150.000 millones en subsidios, es decir, dineros que se pueden usar para cubrir tasas de interés.

Exactamente, esas ayudas son para un cupo de hasta $1,5 billones en créditos que sean para necesidades derivadas de la emergencia.

De los $150.000 millones aprobados para subsidios, Finagro ha salido solo con una primera bolsa de $50.000 millones, (de a $20.000 millones para pequeños y medianos, y $10.000 para grandes).

Con base en estos montos, al corte del 24 de abril, 83% de la bolsa para grandes productores ya se había colocado (omitiendo las nueve empresas que reversaron los créditos pues siete días antes ya ese total estaba en 100%) (ver gráfico).

Del lado de medianos productores, se ha colocado 29% de la bolsa de $20.000 millones, y para pequeños hay aún 94% disponible también del otro fondo de $20.000 millones.

“Y es precisamente porque es normal que los créditos sean solicitados con mayor rapidez por los grandes productores, así que ha venido creciendo poco a poco el desembolso en medianos y pequeños”, dijo Estrada. Hasta el momento, la colocación de los créditos, y la entrega de los subsidios, sigue bajo vigilancia permanente de la Contraloría según detalló esa entidad.

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