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El gremio taurino está a la expectativa de lo que pasará en los debates en la Cámara de Representantes ante el proyecto de ley 085 de 2022, que prohibirá progresivamente las prácticas de entretenimiento con animales, que incluye a las corridas de toros.

Esta prohibición entraría a regir dentro de tres años y, en esa transición, quienes quieran hacerlas, no podrán matar al toro ni usar elementos cortopunzantes.

Lo que es cierto es que estas actividades tienen un impacto económico importante en las regiones durante las ferias y celebraciones patronales y, Guillermo Perla Ruiz, presidente de la Unión de Toreros de Colombia, hizo una radiografía general del sector y habló sobre los retos a los que se enfrentan en el Congreso.

¿Cuántos empleos surgen de las actividades taurinas?

De una corrida de toros en una feria de primera categoría como en Manizales o Cali, los empleos temporales directos, porque sabemos que es un tema de días, son aproximadamente 2.500 y los indirectos son aproximadamente 5.750.

Los directos son los que tienen que ver con el desarrollo de la corrida de toros ese día en la feria, y los otros con el entorno que genera eso, venta, comercio y lo que está afuera de la plaza.

¿Cuál es el impacto tributario de las corridas en Manizales?

En Manizales, hasta el año 2017, había pagado por impuestos de ley, del deporte, y el municipal, alrededor de $6.500 millones, es lo que dado Cormanizales durante el tiempo que ha existido. Esto demuestra el efecto económico tributario que tiene solo una feria de primera categoría.

¿Cuál es el panorama de la ganadería de lidia?

Hay 66 ganaderías de lidia, y se puede estimar aproximadamente que tenemos, por lo menos, 16.000 cabezas de ganado de lidia. Esas generan unos empleos directos de 423 personas, y unos indirectos estimados entre 5.000 a 6.000.

Esa ganadería es de toros de casta, que es una raza, así como los caballos de paso, o los gallos de pelea, el toro de lidia es una especie única.

¿Qué piensa del proyecto de ley que está en el Congreso?

Es un tema que, a parte de afectar libertades individuales, diversidad cultural, ruralismo y derechos inherentes a la persona, pueden generar un malestar económico en las regiones.

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