Agro

Ley de Jurisdicción Agraria acaba con la duplicidad de funciones en conflictos rurales

La normativa permite que jueces expertos en derecho ambiental y agrario decidan sobre baldíos y conflictos de tierras en el país
Natalia Albor Rojas
30 de marzo de 2026
Agencia Nacional de Tierras

El país inicia su reestructuración en el sistema judicial para asuntos rurales gracias a la aprobación y promulgación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria. Esta normativa establece la creación de una Sala Civil, Agraria y Rural tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado, además de poner en marcha Tribunales Agrarios y Rurales en distintas regiones.

Con el esquema anterior, los jueces civiles se encargaban de una parte de los conflictos agrarios, mientras que la jurisdicción contencioso-administrativa resolvía temas relacionado con la adjudicación y titulación de baldíos. Ahora, los jueces agrarios harán parte de la rama judicial y no estarán bajo el control del poder ejecutivo. La jurisdicción abordará temas como la clarificación de la propiedad y el deslinde de territorios.

El objetivo de esta medida es centralizar las decisiones que anteriormente estaban divididas en las diversas ramas del poder público. Ahora, habrán jueces unificados que deberán ser expertos no solo en leyes, sino también en temas ambientales y agrarios para que las sentencias se ajusten a la realidad de cada territorio.

Según Francisco Lara Sabogal, experto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, este paso era fundamental para la justicia en el campo y se busca que los procesos de titulación y disputas de tierras sean más rápidos y efectivos, evitando dinámica de violencia que han estado relacionadas con estos conflictos.

Pese a la creación formal de la jurisdicción, aún es necesaria la aprobación de una ley ordinaria que defina los pasos exactos que deban seguir los ciudadanos en estos nuevos juicios. Sin esta regulación procedimental completa, la operatividad de los nuevos tribunales se encuentra en una fase de transición. Mientras tanto, se exige a los profesionales del derecho que actualicen sus conocimientos en legislación rural y ordenamiento territorial para actuar bajo el nuevo marco legal.

 

 

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