Un campo informal

Esta semana el Dane confirmó que agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sigue siendo la rama con mayor informalidad del país. Son 2,84 millones de personas, 21% del total nacional. La informalidad general bajó de 55,9% a 54,7%. Aun así, de 24,4 millones de ocupados, 13,34 millones son informales y 11,05 millones son formales. Es un fenómeno transversal - en comercio también es alto - , aunque la mayor criticidad está en la ruralidad. A continuación, dos brechas concretas y medibles explican el por qué.

La primera brecha es geográfica. En centros poblados y rural disperso la informalidad llega a 82,9%, el doble de lo que se registra en las 13 ciudades principales (40,7%). No es un dato puntual porque en el trimestre anterior fue 83,2%, y en el promedio de 2025 fue de 83,5%. Llevamos años estancados ahí, mientras la urbana sí bajó, de 42,3% a 40,7% en un año.

La segunda brecha, y la que más pesa, es el tamaño de empresa. A nivel nacional, la informalidad en microempresas es 84,5% frente a 2,4% en empresas grandes. No es un dato exclusivo del campo, pero ahí se siente más fuerte, porque la mayoría de las unidades rurales son negocios pequeños, con limitaciones para crecer, sin crédito y sin dinero para formalizar a un trabajador. Se evidencia que donde hay empresa organizada y con recursos, la informalidad casi desaparece.

Cruzando las dos anteriores, se suele escuchar una afirmación muy simplista, "la gente del campo no quiere formalizarse” pero los economistas coinciden en que el problema es de productividad y no de voluntad. Si una unidad productiva no genera lo suficiente, no puede pagar los costos de ley. Esa baja productividad es resultado de un territorio disperso, con ingresos estacionales que no encajan en un sistema pensado para el salario fijo mensual.

Juliana Morad, del Observatorio Laboral de la Javeriana, confirmó en La República que la afiliación a riesgos laborales en el agro apenas ronda 14%, frente a más de 90% en salud. Esa brecha, otra vez, muestra que una unidad productiva dispersa y sin capital no tiene cómo asumir ese costo, así la ley esté bien diseñada. Por eso una reforma laboral que solo suba costos, sin afectar positivamente la productividad, no resuelve nada.

La brecha rural-urbana no solo se concentra en lo laboral. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024 y análisis de Camacol, el déficit habitacional rural llega a 61,2%, frente a 17,3% en zonas urbanas: 44 puntos de diferencia. Misma lógica de fondo (territorio disperso, tenencia de la tierra sin formalizar, baja capitalización). El mismo patrón se repite en vivienda, crédito y acceso a servicios.

Así las cosas, la política pública debería considerar el tamaño y la productividad de la unidad rural. Los subsidios y programas de "emprendimiento rural" no cierran esa brecha de 82 puntos entre microempresas y empresas grandes. Lo que la cierra es el crédito accesible, titulación predial que permita usar la tierra como garantía, e infraestructura vial y de conectividad que baje el costo de operar en zonas rurales alejadas. Al nuevo Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, le he oído decir lo mismo. Enhorabuena.

El 54,7% de informalidad nacional fue la cifra que salió como noticia, pero no hay una explicación por geografía y tamaño de empresa. Ahí está la clave de por qué 8 de cada 10 trabajadores rurales siguen sin pensión ni cobertura de riesgos laborales. Cerrar las brechas en el campo requiere atención sostenida, presupuesto y una agenda transversal que atienda al campo colombiano como verdaderamente se lo merece.