MinAgricultura aclara recomendación de no sembrar arroz y anuncia revisión de recursos

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La relación entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, entró en un nuevo momento de tensión luego de las declaraciones del ministro Indalecio Dangond sobre la rentabilidad del cultivo y de la revisión que ordenó sobre los recursos parafiscales del sector. El funcionario aclaró que su recomendación de buscar alternativas al arroz no estaba dirigida a los productores de todo el país, sino a un agricultor de Fonseca, en La Guajira, que le manifestó que estaba registrando pérdidas.

Dangond explicó que durante su visita al sur de La Guajira un productor le planteó las dificultades que tenía con el cultivo. Según el ministro, en esa zona sembrar una hectárea de arroz cuesta más de $9 millones y, cuando los rendimientos están por debajo de siete toneladas y el precio ronda los $1.300, la actividad deja pérdidas. Por eso, planteó evaluar cultivos como marañón, coco o palma en determinadas zonas, y posteriormente insistió en que no se trataba de una instrucción para abandonar el arroz en Colombia.

La aclaración se produjo mientras también avanzaba otra discusión entre el Gobierno y el gremio. El 1 de octubre, Dangond envió una carta a la junta directiva de Fedearroz en la que anunció una revisión rigurosa, con enfoque forense, de la ejecución, destinación e impacto de los recursos parafiscales del sector y de los recursos derivados de las subastas de importación de arroz de Estados Unidos.

En el documento, el Ministerio señaló que durante los últimos 15 años las subastas de arroz estadounidense habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones. En conjunto, se trata de cerca de $552.000 millones sobre los cuales el Gobierno quiere establecer qué resultados han producido en productividad, reducción de costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo.

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Dangond sostuvo que la revisión no parte de una acusación contra Fedearroz, sino de la necesidad de establecer por qué los recursos destinados al sector no se han traducido, según el Gobierno, en los avances esperados. En su carta insistió en que la parafiscalidad debe estar acompañada de transparencia, rendición de cuentas y resultados verificables para los agricultores.

En entrevista con La FM de RCN, Dangond señaló que uno de los principales cuestionamientos del Gobierno es que, pese a los recursos destinados durante los últimos años, los costos de producción han aumentado y el rendimiento por hectárea no ha tenido el crecimiento esperado. “Los costos subieron y el rendimiento por hectárea bajó”, afirmó el funcionario.

Fedearroz respondió que está dispuesta a que las autoridades revisen los recursos y defendió que estos no tienen como finalidad financiar a la Federación como institución, sino generar servicios, infraestructura y capacidades para los productores. El gremio también recordó que las inversiones de la Cuota de Fomento Arrocero pasan por una Comisión de Fomento en la que tienen participación el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación y representantes de los productores.

La disputa ocurre además cuando los productores atraviesan una situación financiera compleja. Fedearroz había pedido al Gobierno medidas urgentes por los bajos precios de comercialización registrados durante 2025 y 2026, mientras que las condiciones climáticas también han reducido la productividad en algunas regiones.

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Uno de los casos más críticos está en Casanare. El Ministerio informó que las lluvias e inundaciones de julio redujeron los rendimientos de los cultivos de 5,5 a 4,2 toneladas por hectárea y que los productores acumulan una cartera de $250.000 millones con la banca y el sistema financiero, $150.000 millones con los molinos y $71.000 millones con los almacenes de agroinsumos. Ante este escenario, el Gobierno anunció una mesa para reperfilar las deudas y recursos para ampliar y fortalecer las plantas de secamiento de la región.

Así, la discusión entre MinAgricultura y Fedearroz queda planteada en dos niveles. El Gobierno busca determinar si los recursos administrados durante años han generado el impacto esperado sobre la productividad y los costos, mientras el gremio sostiene que esas inversiones han permitido desarrollar investigación, tecnología e infraestructura y que han sido sometidas a instancias de aprobación y control. En medio de ambos planteamientos están los productores, que actualmente enfrentan precios bajos, endeudamiento y afectaciones climáticas.