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La concentración de tierras en manos de pocos ha sido un problema en Colombia desde el siglo XVIII, cuando se planteó por primera vez un proceso legislativo para la adjudicación de predios baldíos.

"Muchos de estos terminaron en manos de las personas más pudientes del país después de que el gobierno de entonces decidiera adjudicar estos territorios como pago de deuda pública", aseguró Guillermo Forero, abogado especialista en derecho de tierras y asuntos rurales.

Las estadísticas no han cambiado mucho desde entonces, pues según Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, el índice de Gini, encargado de medir la desigualdad en cualquier aspecto, se encuentra en 0,85; cuando 1 es totalmente inequitativo y 0 es totalmente equitativo. Al respecto, Carlos Simancas, ingeniero químico e investigador del tema, aseguró que una distribución pobre de tierras se traduce en poco desarrollo empresarial en el entorno urbano y agregó: “la tierra debe vincularse al desarrollo. Si no se hace, como en Colombia, se trastorna a los otros sectores de la economía. Y esto es imposible hasta que no se acabe con el problema del narcotráfico”.

En cuanto a las líneas de crédito que las entidades financieras deben desembolsar para el sector agropecuario también se encuentra una desigualdad abrumadora: mientras que en 2021 los bancos movieron cerca de $27,1 billones en más de 460.000 operaciones, las cooperativas de carácter financiero, quienes deberían tener un mayor protagonismo, colocaron tan solo $42 mil millones en casi 1.400 operaciones, según Simacas con datos de Finagro.

Entre los datos que más llamaron la atención y sobre los cuales más se debatió, se encuentra el número de hectáreas productivas sembradas, frente al potencial. Tan solo cinco millones, de 20 posibles, se encuentran actualmente en producción, según Forero. Y si bien el acuerdo de paz y la constitución política de 1991 son claros en que el Estado es responsable de la incorporación de la zona agraria a los beneficios del Estado Social de Derecho. Pero, en declaraciones de Forero: "esto no tiene ningún sentido cuando los últimos 30 años son los de mayor despojo y violación de los derechos humanos en el campo colombiano".

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo de finales de 2018 esperaba formalizar más de siete millones de hectáreas en 10 años y la actualización del catastro, hoy en día en regiones como Nariño y Chocó, la cifra de hectáreas formalizadas y entregadas, no alcanzan las 30.

"En Nariño, en la frontera con Ecuador, tan solo se han formalizado dos hectáreas, mientras que la cifra en Chocó es de 12. Falta mucho en este aspecto en algunos de los departamentos más afectados por la violencia", agregó Juanita Goebertus, representante a la cámara por Bogotá y participante en el Acuerdo de Paz.

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