Polémica por decreto de tierras del MinAgricultura que dejaría en riesgo la propiedad privada

La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la norma representa un riesgo para la propiedad privada y excede las facultades otorgadas por la ley en el marco de la reforma agraria.

A través de su cuenta en X, la congresista aseguró que el decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura al cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro, otorga nuevas atribuciones a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que, en su concepto, vulneran el marco legal vigente.

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Según Valencia, la norma permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar posesión inmediata de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una promesa de compraventa. A su juicio, estas disposiciones modifican el Estatuto Registral mediante un decreto y desconocen las competencias de jueces y registradores.

El Decreto 0765 de 2026 adiciona disposiciones a los decretos 1071 de 2015, 1069 de 2015 y 1068 de 2015 para reglamentar el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la ANT con los fines previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994.

Entre sus medidas, establece que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear, antes del 25 de julio de 2026, un código registral especial de carácter publicitario para los predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria y administración anticipada por parte de la ANT.

Además, la entidad podrá solicitar dichas inscripciones sobre predios declarados de utilidad pública o respecto de los cuales exista una promesa de compraventa y el acta de entrega correspondiente.

Valencia también cuestionó el trámite de expedición del decreto al señalar que el proyecto estuvo disponible para comentarios entre el 2 y el 8 de julio en el portal Sucop y fue firmado el 15 de julio por ministros encargados.

La congresista afirmó que, si la norma es anulada por el Consejo de Estado, sus efectos sobre la propiedad podrían ser difíciles de revertir y concluyó que la reforma agraria "no puede construirse destruyendo el Estado de derecho".

Reacción del nuevo Gobierno

El ministro de Agricultura designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella también emitió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por los efectos del Decreto mencionado.

Indalecio Dangond, quien asumirá la cartera de Agricultura, advirtió que la norma “abre una seria preocupación para el campo colombiano”, especialmente por la forma en que se plantea la transferencia de predios rurales.

Dangond señaló que la reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos, saneamientos acelerados, cancelación de cargas y entrega anticipada de predios cuya situación legal aún puede generar controversias. “El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, afirmó.