Procaña pide al nuevo Gobierno revisar avalúos e impuesto predial para proteger al agro

A pocos días del inicio del nuevo período legislativo y de la posesión del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, la directora ejecutiva de Procaña, Marcela Urueña Gómez, dirigió una carta abierta al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, al senador Rafael Nieto Loaiza y al Ejecutivo entrante, en la que advirtió sobre el impacto que, según el gremio, está generando el actual esquema de tributación sobre la tierra rural.

En la comunicación, la dirigente afirmó que la carga tributaria derivada de los avalúos catastrales amenaza la rentabilidad de la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el empleo rural, por lo que pidió adoptar medidas urgentes para corregir el sistema.

Como primera solicitud, Procaña planteó la derogatoria de las resoluciones 1912 de 2024 y 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, al considerar que la metodología de actualización catastral aplicada en desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo provocó incrementos desmedidos en los avalúos de 527 municipios. Según la carta, estas normas multiplicaron los valores catastrales sin tener en cuenta la realidad económica de los predios y llevaron a liquidar impuestos sobre expectativas de valorización.

Asimismo, pidió modificar el proyecto de resolución que reglamenta los métodos de elaboración de avalúos, y eliminar del anexo técnico el ejemplo de valoración de tierras sembradas en caña mediante el método de renta, al considerar que distorsiona la valoración de los predios.

Frente al proyecto de ley radicado por el Centro Democrático para limitar el avalúo catastral rural a 50% del valor comercial de los predios, Urueña reconoció la intención de proteger al sector, pero sostuvo que la fórmula mantiene el problema de fondo al vincular la tributación al valor comercial de la tierra y no a su capacidad productiva.

La carta recuerda que el artículo 9 de la Ley 101 de 1993 prohíbe incorporar factores de valorización ajenos a la actividad agropecuaria en los avalúos catastrales y plantea que la única alternativa técnica es aplicar el Método de la Renta o Capitalización de Ingresos, previsto en el Decreto 148 de 2020, para que la base gravable refleje la capacidad real de pago de los productores.

El documento también hace un llamado a los concejos municipales para revisar las tarifas del impuesto predial. Según Procaña, mientras en otros departamentos las tarifas oscilan entre 0,4% y 0,8%, en municipios del Valle del Cauca alcanzan entre 1% y 1,6%, lo que, combinado con los avalúos, puede representar entre $200 y $350 de cada $1.000 de utilidad neta obtenida por los agricultores.

En el cierre de la carta, Urueña aseguró que el sector agropecuario no busca beneficios tributarios, sino un sistema que grave la tierra con base en su productividad. Por ello, invitó al Congreso y al nuevo Gobierno a reorientar el proyecto de ley hacia el Método de la Renta y a promover un acuerdo que fortalezca la productividad del campo colombiano.