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Minambiente tumbó reserva de 1.499 hectáreas en Santurbán que fijó el gobierno anterior
Las comunidades de Soto Norte, especialmente los habitantes de California, respaldaron la decisión del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026 de el pasado gobierno de Gustavo Petro, mediante la cual se había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo en 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada por fuera de los límites del Páramo de Santurbán, en medio de cuestionamientos por posibles vulneraciones de derechos fundamentales e irregularidades durante el proceso.
La revocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y, según las comunidades y organizaciones sociales, representa el cumplimiento de una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. Además, abre la posibilidad de corregir las inconsistencias identificadas, garantizar la participación ciudadana y restablecer los derechos de los habitantes de California.
La acción de tutela presentada por habitantes del municipio alertó sobre posibles vulneraciones a los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad durante el trámite para declarar la reserva.
Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y promotora de la tutela, destacó la decisión y señaló que la medida permite iniciar nuevamente el proceso bajo condiciones de mayor transparencia y participación.
“Recibimos con alegría y esperanza la decisión de la juez del Juzgado Octavo y entendimos que vale la pena alzar la voz para defender nuestros derechos. El Ministerio de Ambiente tomó la decisión correcta al revocar la Resolución 0994, basándose en la tutela que interpuse, en los nuevos hallazgos y en los vicios jurídicos de la anterior resolución”, afirmó.
La dirigente agregó que las comunidades de Soto Norte no se oponen a la protección ambiental, pero consideran necesario que cualquier medida se adopte con respaldo científico, información completa y participación de los habitantes del territorio.
“Queremos que esa protección se haga bien, con ciencia, con información completa y escuchando a quienes vivimos en el territorio y hemos protegido el agua durante siglos. La decisión del ministro Fabio Arjona permite corregir lo que se hizo mal y comenzar nuevamente un proceso con todas las garantías”, sostuvo Mendoza.
Para las comunidades también resulta relevante que la resolución revocada fuera expedida el 6 de agosto, menos de 24 horas antes de finalizar el anterior Gobierno, pese a que para ese momento ya había sido admitida una acción de tutela que advertía sobre una posible vulneración de derechos fundamentales.
Además, estaba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada. Según el actual Ministerio de Ambiente, esta situación suspendía legalmente la actuación administrativa.
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Dentro del proceso judicial se presentó un informe de informática forense que evidenció cambios en los documentos publicados durante la consulta pública. El juzgado determinó que el Anexo Cartográfico No. 1, con la delimitación de la reserva, no estaba disponible al iniciar la consulta el 14 de julio y fue incorporado ocho días después. También identificó modificaciones posteriores al Documento Técnico de Soporte.
Según la juez, estas situaciones limitaron una participación ciudadana efectiva con información completa y estable. Por ello, ordenó reiniciar el proceso y garantizar la publicación simultánea de los documentos, informar sobre sus modificaciones, permitir el acceso a versiones anteriores y establecer un nuevo periodo de participación y espacios de diálogo con la comunidad de California.
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