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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, en cabeza de Cecilia López, y entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), tienen que definir pronto los criterios que se usarán para establecer lo que significa una tierra productiva y puntualizar la diferencia entre ‘invasiones’ y ‘ocupaciones’ de predios públicos y privados.

Según explicó la jefa de la cartera, existen personas que mediante el mal uso del poder se apropian de las tierras y predios, pero existe otra cara de la moneda de comunidades, en su mayoría indígenas, afro y campesinas, que reclaman derechos mediante la ocupación de estos espacios.

La semana pasada la jefa de la cartera de Agricultura anunció que daba por iniciada la primera etapa de la reforma agraria, con la entrega de 681.372 hectáreas en un proceso que irá hasta mediados de noviembre.

Ese grupo de tierras está conformado por 10.000 hectáreas de baldíos que se están adjudicando, y los otros títulos son para comunidades campesinas y afro.

El objetivo de la cartera es formalizar más de 7 millones de hectáreas, reconociendo el título a las personas que ya estén en ella. También se espera entregar más de 3 millones de hectáreas nuevas, para un total de 10 millones que, en términos de extensión, equivalen a 4,4 veces Cundinamarca.

Es clave el rol de la ADR que preside Diego Bautista, puesto que la historia ha demostrado que, más allá de la entrega de tierras, se deben generar procesos de desarrollo agrícola, acompañamiento en la generación de ingresos y reconocimiento de la economía local.

Para poder definir si una tierra es productiva y entender cuáles son las bondades de cada predio, el catastro multipropósito debe acelerarse cuanto antes para poder definir qué uso debe dársele y poder lograr la tan deseada autosostenibilidad alimentaria.