Crecimiento en el sacrificio informal del sector de la carne de bovino en el país

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El mercado informal de la carne es una problemática que, aunque no tiene cifras exactas, ha ido afectando a varios actores de la cadena productiva. Basta solamente con ver las cifras de sacrificio formal durante los últimos años para darse cuenta de que ha habido “una reducción de 900.000 animales en 11 años, que no tiene que ver con que la gente haya dejado de comer carne, sino que significa que las fuentes de origen de la carne en donde la están adquiriendo los colombianos son informales o clandestinas”, afirmó Óscar Cubillos, director de planeación y estudios económicos de Fedegan.

En cifras, para 2013 se registró un sacrificio de 4,1 millones de cabezas de ganado bovino en el país, mientras que para 2024 la cifra cayó a 3,2 millones, cantidad cercana a lo que se ha reportado desde 2019. Para este año, el sacrificio formal de ganado vacuno de enero a septiembre fue de 2,5 millones de cabezas, de las que 2,4 millones fueron para el consumo interno. Para Cubillos, “hoy día, en 2025, deberíamos tener un sacrificio formal de alrededor de 4,6 millones de bovinos, pero el año va a terminar en cerca de 3,3 millones”.

Durante los años también se ha presentado una reducción importante en la cantidad de puntos de sacrificio formal en el país, ya que para 2007 se contaba con 1.200, mientras que ahora solo hay 220. Cubillos asocia esto al “decreto 1500, en donde el Invima cerró muchos puntos. Unos que sí tenían fallas sanitarias, pero otros que podrían haber tenido algún plan de control”. Así, se presentó una reducción en la posibilidad de distribuir carne a todo el país, dejando a parte del mercado en manos de la clandestinidad.

Solo este año la cifra de sacrificio informal podría ser de 1,3 millones de cabezas, lo que pone en una situación compleja tanto a ganaderos como a frigoríficos. “La industria tiene una competencia totalmente desleal, que no paga impuestos, que no paga tributos, que no paga contribuciones, que no paga estructuras laborales como deben pagarse y están más del lado del delito”, comentó Cubillos.

Carlos Roberto Patiño, director general de Friogan S.A., resalta que hay dos variables fundamentales cuando se habla de clandestinidad en el sector. “Una es el sacrificio en la clandestinidad, es decir, que se hace en cualquier sitio que no está formalizado o regulado como planta de beneficio. La otra es la informalidad, la que se hace en plantas formales, pero que esos sacrificios no son reportados a las autoridades sanitarias ni a la autoridad fiscal”, comentó.

Aunque los frigoríficos y actores formales son constantes con las denuncias, existe un vacío en el control de este mercado. Según Patiño, “el Invima es el responsable de la inspección, vigilancia y control en las plantas de beneficio registradas formalmente; no hacen ninguna inspección o vigilancia en lugares clandestinos o ilegales”. Esto porque no tienen jurisdicción sobre ellos. Añadió que la responsabilidad pasa a “los entes territoriales de salud, y sobre todo los gobiernos departamentales o municipales”.

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Sin embargo, pese a las denuncias, no hay una respuesta de ninguna entidad. Esto a pesar de que en muchos lugares la venta se hace en lugares públicos invadidos. El impacto de estas dinámicas se refleja tanto en la economía como en la salud del consumidor, pues al comprar y consumir carne sin trazabilidad y conocimiento de su origen, se expone a cualquier tipo de contaminación. Patiño resaltó que ha habido mesas de trabajo para tener planes de acción, pero “sin una voluntad para controlar este flagelo de la ilegalidad y la clandestinidad en la comercialización de carne, es muy difícil llegar a tener un control sobre ella”.

Cubillos comentó que se ha fomentado la creación de plantas de autoconsumo para mejorar la cobertura y distribución regional de carne, pero que la creación de estas es costosa, ascendiendo a $30.000 o $40.000 millones. Afirmó que “hay que ser un poco más, no sé si flexible o coherente, con las realidades que tenemos en Colombia, y es que no somos un país rico, somos un país de ingreso mediano bajo, y cualquier plan de adecuación de una planta de estas requiere recursos y requiere tiempo”.

Pero el impacto de la informalidad no se refleja únicamente en las plantas de sacrificio, pues las zonas ganaderas se enfrentan al abigeato, o robo de ganado, y al carneo. De acuerdo con Cubillos, “en zonas más ganaderas es más fácil robar animales y camuflarlos de manera clandestina, para luego traerlos a otras regiones donde hay más consumo o en las mismas regiones”. Y justo esto se ve reflejado en los casos reportados de abigeato, que en 2017 llegaron a ser 5.135, el año pasado 1.223 y este año, para octubre, iban por 613.