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Con el fin de llevar la convivencia en armonía, en la vida estamos obligados a hacer ciertas concesiones, tanto en nuestro hogar, en el trabajo, como en la sociedad. Sin embargo, ceder también tiene su límite.

Toda esta reflexión viene a que hace unos días, leyendo la primera parte del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, me surgieron varias preguntas. De quién es la tierra: ¿de la sociedad?, ¿de quién la trabaja? o ¿de quién la compra?

Y tratando de no caer en la discusión de cómo votar en el plebiscito, pensaba en: ¿cuál es el límite de la Reforma Rural Integral?.

No me preocupan apartados como que, para lograr el acceso a la propiedad se utilicen mecanismos como el de la entrega de las tierras provenientes de la extinción de dominio, los terrenos baldíos o las tierras donadas.

No obstante, sí me causa inquietud el apartado del acuerdo sobre las tierras que podrían ser adquiridas por el Estado o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, así sobre ellas se pague una indemnización. También, el numeral sobre las tierras inexploradas por el incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.

Una primera razón es que la tarea de demostrar si la tierra se está usando de manera correcta no parece un ejercicio tan fácil, como se lee en el texto. Ni siquiera con el catastro rural que busca ser la base de información en el sector agrario, y que se realizaría en un plazo máximo de siete años.

Algunos dirán que este mecanismo legal ya es utilizado en Colombia y desde hace mucho tiempo, pero ¿cuáles son los límites que tendrá en la Reforma Rural Integral?

En la medida en que las cosas se hagan de manera más transparente (lo cual muchas veces en Colombia no pasa), no debería afectar sobremanera a los propietarios de la tierra o crear miedo para la inversión.