En nuestro país, hoy son más de 51.000 personas, entre exguerrilleros y exparamilitares, las que se han desmovilizado y vinculado al proceso de reincorporación que ofrece el Gobierno; de esos, más de 20.000 ya completaron el proceso, formándose tanto en educación básica como en múltiples carreras técnicas e incluso profesionales. Esto, más allá del avance social que representa para Colombia, significa un nuevo reto para las empresas.

El papel de la iniciativa privada en esta materia no es menor, no solo porque representa trabajar en un nuevo terreno que garantice la igualdad y garantías para aquellos que apenas vuelven a ser reconocidos como ciudadanos, sino también, porque los expertos han asegurado que recomponer la fractura social ocasionada por el conflicto podría tardar el mismo tiempo de duración de este.

Esto quiere decir que tenemos un poco más de 50 años para aportar a la reconstrucción de la sociedad y a la construcción de la paz. En ese tiempo, las organizaciones podremos probar nuevos métodos inclusivos y garantizar la igualdad de condiciones para todos los colombianos, considerando, por supuesto, que no hay un único camino para hacerlo.

Y es que, cada vez son más las compañías a nivel global que han puesto a la inclusión como un objetivo estratégico, emprendiendo nuevas prácticas que promueven el respeto e igualdad, pero, sobre todo, la creación de oportunidades. En el caso de Colombia, no estamos alejados de esa realidad, múltiples pactos se han gestado para que las organizaciones respeten la diversidad y fomenten la inclusión de todos los grupos sociales en sus entornos laborales.

En el caso de Cemex, desde hace algún tiempo decidimos a nivel corporativo, trazar una hoja de ruta para emprender acciones que vinculen a todos los grupos poblacionales; ya sea abrir espacios para personas con capacidades diferentes, impulsar la inclusión de más mujeres en puestos directivos y tareas antes pensadas solo para hombres y, por supuesto, colaborar con las labores de construcción de paz.

Por eso, en 2013 decidimos contribuir con el proceso de reconstrucción social que lidera el Gobierno desde hace algunos años y que se ha afianzado después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, con el que busca reincorporar a desmovilizados a la vida civil.

Estamos trabajando en la incorporación de desmovilizados a nuestras operaciones (ya hoy son más de 30); el apoyo a la construcción de ecovías en antiguas zonas de conflicto; el apoyo al desarrollo del cultivo de cacao como herramienta de transformación y recuperación de la tradición de comunidades indígenas y; más recientemente, iniciamos un proyecto en conjunto con la ARN y otras entidades, llamado ‘Mambrú No va a la guerra’, con el que buscamos prevenir el reclutamiento de niños por parte de grupos organizados al margen de la ley.

Sabemos que es apenas el comienzo y que el sector privado tiene el gran reto de encontrar los espacios propicios que contribuyan a la construcción de paz y la inclusión; de ahí que generar oportunidades sea hoy un imperativo, con el que buscamos incentivar la equidad en todos nuestros escenarios y con todos nuestros interlocutores: empleados, clientes, proveedores y comunidades.