Colombia, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es el cuarto país de América Latina con mayor extensión de tierras disponibles para producción agrícola, es decir, podría expandir su superficie cultivada, sin afectar áreas de bosques naturales.

Además, es el tercer país con más recursos de agua, diversidad climática y tasas de precipitación anual, características todas que potencializan su rol en la producción de alimentos y la perfila como una gran despensa agrícola.

Aprovechar esa oportunidad pasa por definir una política de desarrollo rural que reconozca que en el campo conviven diferentes actores, con necesidades y roles específicos.

Bajo esta óptica, urge trascender la dicotomía entre modelos de agronegocios vs. agricultura familiar; abrirse a la generación de sinergias que respondan a sistemas alimentarios sostenibles para economías globales y locales.

Incentivos efectivos que fomenten asociación es la clave de la competitividad, inclusión y cohesión territorial.

Ante dicho escenario, enfrentamos un segundo gran reto: elevar por encima de 8% (Censo Nacional Agropecuario) la vinculación de pequeños productores a organizaciones económicas, productivas o comerciales.

Las cooperativas están en mayor proporción en las unidades agrícolas: 8%; y mixtas: 7%, mientras que las ganaderas, solo llegan al 3% de afiliación.

Se necesita desarrollar una política más robusta de conectividad en el territorio, impulso a clústers productivos, bienes públicos y promoción de una agricultura por contrato que minimice la incertidumbre de los mercados.

Para ello, también resulta ideal promover esquemas de compras públicas que provean alimentos a programas institucionales (por ejemplo, bienestar familiar y escolares) por parte de agricultores familiares de zonas de alta prioridad, esta sería una estrategia para desarrollar aptitudes empresariales, mejorar la planeación y jalonar la asociatividad en nuestro sector agrícola.

Se precisa también de una política agroindustrial basada en modelos inclusivos de negocios entre pequeños productores y empresas privadas, en las que éstas asuman compromisos en la gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la cadena y el territorio.

En ese sentido, la política industrial requiere priorizar el escalonamiento de estas estrategias para el sector, al menos, en tres aspectos: primero, el económico, a través de procesos de innovación tecnológica; segundo, el social, promoviendo identidad y pertenencia; y, finalmente, el productivo, bajo criterios clave como la sostenibilidad e inclusión.