Con los ojos en el campo

En buena hora el país tomó la decisión de revertir la situación de abandono en la que el campo ha estado por décadas y de saldar la deuda histórica que se tiene con la población rural. Reducir la brecha entre el campo y la ciudad y disminuir la tasa de pobreza es una tarea urgente que el Gobierno se ha impuesto.

Evidencia de esto es: a) El encargo de una misión compuesta por expertos para la definición de una hoja de ruta que permita la transformación del campo (Misión Rural). b) La discusión de una política de desarrollo agrario integral como primer punto del acuerdo para la terminación del conflicto. c) La aprobación de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). d) La adopción de la política Colombia Siembra, que busca aumentar en un millón las hectáreas sembradas en el país.

En una u otra de estas iniciativas, asuntos como la propiedad de la tierra, la infraestructura para la competitividad, la asistencia técnica y el acceso al crédito han sido considerados como determinantes para el desarrollo. 

La razón de esto es que la producción agropecuaria se encuentra altamente expuesta a riesgos de mercado y de la naturaleza que, cuando se materializan, ocasionan pérdidas considerables en los ingresos de los productores, lo que, dificulta a los hogares rurales salir de la pobreza.

Es por eso que el seguro agropecuario se constituye en una herramienta poderosa en la búsqueda de un campo más incluyente y competitivo. Es así como gracias a este instrumento financiero, los productores transfieren al sector asegurador los riesgos hidro-climáticos y geológicos que puedan afectar su producción agrícola o pecuaria para que, en caso de pérdida, éstos puedan recuperar parte de su inversión.

Muestra de la apuesta del Gobierno por una mejor gestión de los riesgos del agro, es que en el plan Colombia Siembra uno de sus cinco pilares es la protección del agro a través de los seguros agropecuarios. Lo propio hizo la Misión Rural, la cual recogió las recomendaciones hechas en su momento por Fasecolda y la SAC en torno a la adopción de una política que incluya, además de un mejor conocimiento del riesgo gracias a mejoras en la generación de información, medidas para desincentivar la entrega de apoyos directos ante catástrofes que afecten el campo y favorecer el aseguramiento en sus diferentes modalidades. El acuerdo de La Habana para la terminación del conflicto también contempla la promoción de los seguros de cosechas.

Estas iniciativas, algunas de ellas ya en marcha se suman a la intención de amparar con un seguro operaciones Forward de ciertos cultivos; a los incentivos que hoy existen en tasas en los créditos tomados con el Banco Agrario que se aseguren, y al incremento en el subsidio a la prima del seguro en 70% y 80% para determinadas actividades.  

Esto explica el crecimiento histórico en las hectáreas aseguradas. Sin embargo, la penetración, medida como hectáreas aseguradas sobre el total de hectáreas sembradas, sigue siendo baja: tan solo 2,53%. Este resultado, a pesar de haberse multiplicado por dos en los últimos diez años, sigue evidenciando la necesidad imperiosa no solo de volcar los ojos al campo y todas las intenciones, sino de emprender las acciones que lleven a la población rural a ser más resiliente ante los inevitables efectos del cambio climático y, en consecuencia, hacia su desarrollo sustentable. Aquí el papel del seguro agropecuario será determinante.

Alejandra Díaz
Directora Inclusión Financiera y Sostenbilidad Fasecolda