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Las políticas públicas del Ministerio de Agricultura, con programas como Colombia Siembra, que desde su creación en 2015 dio un impulso al aumento de las hectáreas sembradas en el país favorecen el acceso al crédito en los sectores rurales, en la búsqueda de mejorar la inversión en la producción agrícola para su desarrollo.

Como parte de este programa, se destina crédito agropecuario a través  de Finagro, pero los recursos para encaminar este plan parecen ser una preocupación desde su inicio. Los instrumentos financieros utilizados para tal fin, como la Línea Especial de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), se encuentran cerrados por agotamiento desde finales del 2016. Solo están activos el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), herramienta de protección ante riesgos climáticos, y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que respalda créditos cuando no se poseen las garantías exigidas. 

Finagro realiza fondeo bajo tres fuentes: Cartera Redescontada, con recursos propios, y Cartera Sustitutiva y Cartera Agropecuaria (con garantías FAG o subsidio de tasas), ambas con recursos de los intermediarios financieros. Los recursos de redescuento han sido dirigidos históricamente a los pequeños productores y el 99,2% de la Cartera Sustitutiva ha sido dirigida a medianos y grandes productores.

Colombia Siembra colocó en el 2016 un total de 5.821 créditos en redescuento: 85% a pequeños, 13% a medianos y solo un 2% a grandes productores); del monto otorgado en pesos, la mayor suma la recibió el mediano productor(45%), el resto fue otorgado en partes casi iguales.De esos recursos,al mediano productor 81% fueron para capital y en el caso del pequeño, el mayor porcentaje otorgado fue para Inversión (66%), debido a que el pequeño productor tiene prioridad en inversiones de infraestructura, compra de maquinaria y equipo, entre otras actividades que financia la línea de Inversión. La entrega de los créditos es realizada directamente por las instituciones bancarias, por lo que el acceso de los productores no es como clientes de Finagro; son las entidades financieras las encargadas de evaluar la viabilidad de los proyectos y las que realizan el proceso de bancarización en las zonas rurales. Esto deja al segmento microempresarial rural negociando con instituciones bancarias con una mayor rigurosidad en los trámites, destacando que este tipo de microempresario requiere atención diferenciada y cierta flexibilidad, porque muchas veces desconoce los procesos institucionales de la banca comercial.

La banca microfinanciera ha establecido diferencias en cuanto al segmento atendido, por su condición de exclusión de los servicios financieros que obedece a la falta de garantías prendarias y limita su acercamiento a la banca comercial. Estas condiciones son las que diferencian las microfinanzas del sistema financiero formal. En Colombia algunos programas se denominan microfinanzas, pero sus condiciones no se adecúan a su definición, cuya característica principal es el acceso a servicios financieros sin garantías prendarias. 

Planes como Colombia Siembra deben seguir fortaleciendo la inclusión financiera acorde a las necesidades del productor rural, al pequeño productor y a su  espacio territorial.

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