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El Tribunal de Cundinamarca dio el último impulso para que el Gobierno reglamentara el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (Siat), un mecanismo que tiene como objetivo que las personas que fueron víctimas del conflicto y la población campesina de menores recursos, accedan a tierras y además se les haga el acompañamiento para el desarrollo de un proyecto productivo en ese terreno.

El plan quedó pactado desde 2017 como parte de los Acuerdos de Paz de La Habana, por eso llama la atención que después de tres años, finalmente se entregó la reglamentación por parte del Ministerio de Agricultura.

¿Qué viene ahora?
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), tendrán una serie de tareas que tienen que ver con puntos desde adquirir la tierra hasta hacer los procesos para que las personas accedan a ellas.

Como tal, la reglamentación detalló que son cuatro puntos para este nuevo subsidio. Primero el Gobierno queda encargada de asumir el valor del predio por adquirir (que será el que recibirán los beneficiados); luego, el monto de los gastos notariales y de registro; el tercer punto son las inversiones de subdivisión del bien (en los casos que procesa); y finalmente financiar el proyecto productivo.

Del punto uno al tres, esas serán competencias de la ANT, mientras que el de proyectos productivos será responsabilidad de la ADR. Una vez se tengan los predios privados comprados, los cuales se deben subdividir y entregar en Unidades Agrícolas Familiares, se hará la asignación del subsidio.

“El proceso es completamente diferente como se venía manejando con el extinto Incoder y la Agencia, pues ya no es la persona quien realiza la postulación del predio, sino que la entidad buscará los predios que cuenten con las vocaciones necesarias para su productividad y realizamos la asignación a través del subsidio, el cual también se regirá por las reglas del Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), esto agiliza la asignación y materialización de los subsidios, pues con la metodología anterior se tardaba mucho la consecusión de los predios por parte de los beneficiarios y la aprobación de los mismos, por no cumplir con las condiciones agronómicas y jurídicas”, explicó Myriam Martínez, directora de la ANT.

Financiación con topes
Precisamente para garantizar que no se presenten problemas como sobrecostos en las compras de terrenos, la reglamentación detalló que para adquirir el predio hay un límite de 93 salarios mínimos, que para 2020 sería $81,6 millones; mientras que para la financiación del proyecto productivo el tope son 30 salarios mínimos ($26,3 millones).

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