La Contraloría revisará un Acuerdo que permitiría privatización de recursos del ICA

La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con el fin de evaluar la legalidad de que se entreguen facultades administrativas propias de la entidad a particulares y privados.

"Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos", dijo el ente de control en un comunicado.

Cabe recordar que el Acuerdo en cuestión busca autorizar a terceros particulares para que ejerzan funciones administrativas inherentes a la entidad agropecuaria. Por eso la CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, evaluará si a través de este esquema "se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular".

Con esa consideración, la entidad conformó un equipo multidisciplinario para analizar los riesgos jurídicos y financieros del Acuerdo, así como el impacto que esta disposición podría tener en el cumplimiento de los fines del ICA, especialmente en cuanto respecta a los servicios prestados, las tarifas para los usuarios y la destinación con esta, todo con el fin de evitar afectaciones al patrimonio del instituto.

Actualmente existe un proyecto de Acuerdo que está en etapa de revisión por parte del Ministerio de Agricultura. Una vez se expida formalmente, la Contraloría evaluará también sus efectos jurídicos.