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LR ha venido presentando una serie de informes que intentan resolver la duda que constantemente está en los planes de desarrollo, en los académicos, e incluso entre quienes buscan invertir en la tierra: ¿de quiénes son los predios que hay en el país?

En esta serie de entregas, otro punto que resulta relevante es el de los terrenos que son propiedad de las comunidades indígenas, exactamente bajo las figuras de resguardos.

Según los reportes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las comunidades indígenas tienen 28,9 millones de hectáreas al corte del primer semestre de 2020. Es decir, 25,3% del total nacional, o lo que es lo mismo, una cuarta parte del territorio, teniendo en cuenta que Colombia posee una extensión de 114 millones de hectáreas.

Y para ser aún más específicos, ese número de hectáreas para estos terrenos se divide entre un grupo de 767 resguardos indígenas (ver gráfico).
“La cifra es importante de tenerla clara, porque de ella pueden depender políticas públicas para las comunidades indígenas, pero también es un eje para quienes buscan invertir en temas como la agricultura, pues en estos terrenos, el hecho de ser denominados como resguardos indígenas, tiene una serie de privilegios territoriales y seguros jurídicos”, explicó el analista de Finanzas y Desarrollo de la Universidad de los Andes, Mauricio Montero.

Precisamente, un resguardo indígena está amparado por la ley colombiana porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estas zonas, al ser tituladas a nombre de las comunidades, están exentas de la norma fiscal que tiene un territorio normal.

LOS CONTRASTES

  • Myriam Carolina MartínezDirectora de la ANT

    “Uno de los retos ha sido el lleno o consecución de los requisitos para la compra de un predio a un particular, el cual se realiza bajo un procedimiento específico”.

“Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio”, explicaron desde el Ministerio del Interior.

Incluso para algunos analistas, muchas veces, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina con alta concentración de población indígena, los resguardos gozan de más garantías que varias reservas naturales; pues, aunque son parte del país, dependen de la jurisdicción indígena.

De ahí que en varios momentos se ha conocido que ni las Fuerzas Militares o las Fuerza Públicas pueden intervenir en algunas zonas sin la autorización de los jefes nativos, o con el acompañamiento de la Guardia Indígena.

Esta libertad ha hecho que incluso el Gobierno no haya consolidado datos exactos sobre la ocupación de la tierra por departamento, solamente, la Agencia Nacional de Tierras tiene un dato, y es que 70% de los resguardos, es decir, 20,2 millones de hectáreas, se concentran en Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada, Guaviare, Chocó y La Guajira. Lo que para muchos analistas ha generado que estos departamentos sean los más rezagados en desarrollo y competitividad, volviéndose un palo en la rueda para el país.

Y no hay que ir más lejos para comprobar la tesis, pues, según Planeación Nacional, Amazonas, Chocó, Guainía, Vichada y Vaupés son las regiones menos competitivas, en contraste con Cundinamarca y Antioquia, que son los mejor calificados (ver mapa).

Pese a esto, cada año aparecen más solicitudes y trámites de reclamación de tierras a favor de las comunidades. “Muchas de estas son porque hubo en su momento problemas de grupos armados, o disputas territoriales, incluso algunas de ellas vienen buscando solución desde comienzo del siglo XX”, aseguró Majuc Mariel, líder indígena de la comunidad Andoque, quien viene de ganar la titulación tras 15 años.

Tener 29 millones de hectáreas es una cifra impactante, y en los registros del Mininterior se consideran más de 80 organizaciones étnicas que pueden entrar en estos procesos de tierras.

Pero la situación de los dueños de la tierra se ve más clara a la luz del Censo Indígena del Dane de 2019, pues allí se mostraba que hay una población de 1,9 millones de personas que se identifican en estas agrupaciones. Eso quiere decir que, sobre el total de la tierra que ya hay en resguardos, tienen en promedio 15,1 hectáreas por cada indígena. Esta cifra está por encima del indicador de la tierra promedio por colombiano que es de 1,8 hectáreas (esto, al considerar que de las 114 millones de hectáreas, 88,7 millones son las que se dividen entre 48 millones de habitantes).

Myriam Martínez, directora de la ANT, dijo que sobre las titulaciones hay retos. “La adjudicación genera conflictos y oposición a terceros, por lo que se busca equilibrio para evitarlos. En algunos territorios existen oposición a la estructura territorial, razón por la cual la entidad crea puentes para llevar a cabo las acciones que permitan cumplir con la ley, en la búsqueda del equilibro de la tenencia de tierra”, dijo.

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